Ramón Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), viene denunciando desde hace días que el gobierno, a través de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), gestiona otro Plan Renove, y pareciera que nadie le hace caso a pesar de que se trata de una denuncia muy seria.

 Según Pérez Figuereo el director de la OPRET, el ingeniero Diandino Peña, se propone confiar la administración del Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre a las mismas personas que están siendo procesadas por el manejo poco transparente del tristemente célebre RENOVE, con el que se habría estafado al Estado dominicano con la friolera de  1,800 millones de pesos, por lo que pidió al presidente Fernández la modificación del decreto 250-07 que crea el nuevo fondo de compensación con el que, a su juicio, se reeditaría la ingrata experiencia de un plan pensado y diseñado para el mejoramiento del parque vehicular que terminó convertido en una piñata que se repartieron a su mejor conveniencia nuestros principales dirigentes transportistas. Dicen por ahí que nunca segundas partes fueron buenas, mucho menos si la primera constituyó una auténtica verguenza. ¿No sería posible que el ingeniero Diandino Peña   explicara un poquito mejor, a partir de esta denuncia de Pérez Figuereo, cómo se manejarán los recursos consignados en ese fondo de compensaciones y qué garantías tiene el contribuyente dominicano, el que siempre termina pagando los platos rotos, de que en esta oportunidad esos recursos se manejarán con pulcritud y transparencia?

Un viejo reclamo
Aunque se diga que la aprobación del proyecto de ley que recorta en forma dramática las funciones y atribuciones de la Liga Municipal Dominicana, aprobado en sesión extraordinaria en el Senado apenas una semana después de que Amable Aristy Castro fuera elegido candidato presidencial del PRSC, tiene un trasfondo político, lo cierto es que desde hace bastante tiempo, y a través de distintos proyectos, que se viene cocinando la eliminación pura y simple del mapa institucional dominicano de la institución asesora de los ayuntamientos, cuando no su adecuación  o modificación, pero por una razón u otra, en la que no hay que descartar la política, esos proyectos han pasado a mejor vida en el Congreso Nacional.

Este nuevo esfuerzo, capitaneado por el senador por Santiago Francisco Domínguez Brito, dispone que los cabildos recibirían los recursos que les otorga la ley directamente de la Tesorería Nacional, lo que eliminaría la intermediación de la LMD y el peaje que cobra por administrar esos recursos,  reservándole un rol de simple asesora. Quitarle a la Liga Municipal Dominicana el manejo de esos recursos supone, desde luego, despojar al candidato reformista de su principal arma, la que ha hecho posible, según los decires, su meteórico ascenso en una cultura política dominada por el clientelismo, pero se trata también de un viejo reclamo de todos aquellos que creen en la necesidad de fortalecer los gobiernos locales como una forma de mejorar sustancialmente el funcionamiento de nuestra imperfecta democracia.

Baratijas
La muerte de Miguel Angel Paulino, hijo mayor del periodista e historiador Aliro Paulino, constituye un hecho irrevocable y definitivo, una  verdad terriblemente dolorosa a la que tendrán que acostumbrarse sus deudos, y al igual que el asesinato de la joven estudiante de medicina Vanessa Ramírez Faña, a quien unos desalmados le arrebataron la vida para robarle su  celular, nos recuerda de manera particularmente traumática cuánto se ha devaluado en este país la vida humana. No importa si se trata de un celular, unas joyas de fantasía o el modesto a utomóvil adquirido con tanto esfuerzo; todo es objeto de la codicia de los delincuentes, que  ya no necesitan de las protectoras sombras de la noche para salir a perpetrar, armados hasta los dientes,  sus diabluras, aunque en el empeño se lleven por delante  vidas útiles y valiosas como las de Vanessa o Miguel Angel.