Hay que aplaudir el gesto de responsabilidad, poco frecuente en nuestros políticos, de doña Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República y ex secretaria de Educación, al defender su decisión de permitir la inscripción en las escuelas de los niños que carezcan de acta de nacimiento, y sobre todo las razones esgrimidas para justificar esa decisión, tan válidas entonces como ahora: el derecho de esos niños, que no tienen la culpa de su origen ni de la indolencia de sus padres, a recibir educación.

Esa actitud contrasta notablemente con la asumida por el director Regional de Educación con asiento en Santiago, Pedro Diep, quien hace unos días salió raudo y presuroso a desmentir una información divulgada al mundo por la agencia EFE anunciando que la Secretaría de Educación permitiría la inscripción  a los niños que no posean acta de nacimiento, incluidos los hijos de ilegales haitianos, como si se tratara de un ultraje al que urgiera salirle al frente y no, como en efecto, de una obligación del Estado dominicano  consagrada en nuestra Constitución.

Los planes del síndico

La nueva ley de organización municipal, que tantos dolores de cabeza ha provocado en una gran cantidad de ayuntamientos en todo el país, podría resultar una bendición para el ayuntamiento del Distrito Nacional, pues le ha dado el pretexto, y los argumentos necesarios, al síndico Roberto Salcedo y sus pretensiones de reformar el estatuto orgánico del cabildo capitaleño, para lo cual ya depositó una propuesta de reforma a la ley 3497 ante la Cámara de Diputados. En esa propuesta de reforma el ayuntamiento está solicitando al Congreso Nacional que le traspase los fondos recaudados por la Dirección General de Impuestos Internos a través del impuesto a la circulación de los vehículos de motor registrados en la ciudad, recursos que necesitará, se argumenta, para hacer frente a las nuevas responsabilidades que le asigna la recién estrenada legislación, entre las que figura el bacheo y asfaltado de las calles. ¿Consentirá  el gobierno, en control absoluto del Congreso, en ceder una parte tan jugosa del pastel impositivo? Salcedo cree que sí, que cuenta con los argumentos necesarios para convencer a los legisladores, pero falta saber lo que opina el siempre sonriente Juan Hernández. De todas maneras, señor síndico, mucha suerte y que le vaya bonito.

Diagnóstico

”Arquitectura esquizoide con permanente vocación al conflicto”. El diagnóstico es del argentino Daniel Zovatto, experto en reforma constitucional, al referirse a la Junta Central Electoral durante su conferencia “Las reformas constitucionales en Latinoamérica: experiencias y perspectivas”, pues el rediseño institucional del tribunal de comicios, junto a una “buena” ley electoral y de partidos políticos, constituyen a su juicio requisitos indispensables para una reforma constitucional exitosa. Como no puede tratarse de una simple coincidencia es razonable suponer que alguien puso en conocimiento del argentino sobre lo que está ocurriendo en la JCE,  sacudida internamente por las desavenencias de sus miembros sobre el rol que deben jugar los organismos que la componen.

Esa “permanente vocación para el conflicto” de la que habla Zovatto ha vuelto a ponerse de manifiesto con el reglamento propuesto al pleno por la jueza Aura Celeste Fernández, que según publicara ayer Diario Libre va dirigido, fundamentalmente, a cortarle las alas  a la  Cámara Administrativa que dirige el doctor Roberto Rosario, cuyo protagonismo y beligerancia pública han provocado escozores entre  sus pares. El remedio a esa situación, como bien reconoce el propio presidente de la JCE, el doctor Julio César Castaños Guzmán, podría estar en una división del organismo en dos instancias independientes, con roles bien diferenciados, como ocurre en otros países del continente, pero como no parece ni lógico ni razonable plantear cambios tan profundos faltando tan poco tiempo para las elecciones habrá que resignarse a los alborotos que de vez en cuando se produzcan en el gallinero.