A Angel Christopher Martínez, ex director del Departamento Aeroportuario del Instituto Dominicano de Aviación Civil, lo asesinaron hace un año y medio, con absoluta premeditación y alevosía, cuando se dirigía tempranito en la mañana a su trabajo, por razones directamente relacionadas con sus responsabilidades profesionales y laborales.

Eso ha quedado claramente establecido tanto por las investigaciones realizadas por los abogados de la familia como por las autoridades policiales y judiciales que llevan el caso, como parece haber quedado claro también que se contrató a un sicario colombiano, actualmente fuera del país, para llevar a cabo la siniestra encomienda.  Sin embargo, y a pesar de que -se insiste- fue su rectitud moral, su apego a los  principios éticos de servidor público lo que provocó la ira de quienes ordenaron su muerte, en el Instituto de Aviación Civil no se puso, por las razones que fuere, el suficiente empeño en mover las acciones de la justicia, para desesperación, y más que nada indignación, de sus  familiares. El ex senador José Tomás Pérez, quien desde que llegó al cargo ha mostrado interés en el esclarecimiento del caso, quiere saldar esa deuda, comprometiéndose a cubrir los gastos de los abogados de la familia Martínez y que el caso se lleve, como suele decirse, hasta las últimas consecuencias, y finalmente se haga justicia. Que así sea.

Aliados en desbandada

La negativa del gobierno a soltar un solo centavo más de lo asignado en el Presupuesto Nacional a la JCE y otras instituciones que así lo han  estado reclamando no es la única razón por la cual el tribunal de elecciones y sus jueces tienen muy pocas posibilidades de conseguir ese aumento, aunque peguen el grito al cielo y pongan en entredicho, como en efecto, la posibilidad de organizar unas elecciones creíbles y confiables, libres de críticas y cuestionamientos. Y es que la JCE, en esta lucha por una mejor asignación presupuestaria, parece estar perdiendo aliados importantes, como ya ocurrió con Participación Ciudadana, que dijo estar convencida de que el tribunal puede, con lo asignado por el Poder Ejecutivo, organizar el proceso electoral sin mayores inconvenientes, y más recientemente con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien ha calificado de alarmistas las afirmaciones de sus jueces de que la falta de recursos hace peligrar las elecciones del año que viene. Para colmo, la decisión de la Cámara Administrativa de adquirir, sin concurso previo, canastas navideñas por un valor de RD$23 millones, ha sido interpretado como un rotundo mentís a las proclamadas necesidades económicas del tribunal. 

Contradicción

 Este año, como todos los años, el gobierno ha diseñado un amplio operativo de prevención para evitar accidentes de tránsito, en el que participarán la Policía Nacional, la Defensa Civil, AMET, la Cruz Roja y la Dirección General de Tránsito Terrestre, pues son la principal causa de muerte durante las festividades navideñas. Entre las principales causas de esos accidentes figuran, como todos sabemos, la ingesta de bebidas alcohólicas, razón por la cual se pondrá particular énfasis en orientar y concientizar a la ciudadanía sobre este aspecto en particular. Sin embargo, resulta contradictorio  que, en medio de esas circunstancias  y más que nada del esfuerzo que se realiza desde el gobierno para evitar muertes por accidentes en las vías, se levanten las restricciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas.