Más de 700 mil personas que residen en la Línea Noroeste siguen padeciendo los devastadores efectos del paso por el país de la tormenta Olga, o mejor dicho del desfogue de la presa de Tavera a causa de las tórridas lluvias que  acompañaron el fenómeno, pues todavía y desde entonces carecen del servicio de agua potable.

No hace falta decir que se trata de una situación desesperante que ya empieza a minar la paciencia de la gente, que culpa a los técnicos del consorcio “Andrades Gutiérrez Odebrech, que construyó el acueducto,  de actuar con negligencia y no reparar adecuadamente las averías provocadas por la riada que siguió al desfogue, pero no toda la culpa se la achacan a esos técnicos. Manuel Güichardo y Santiago Caba, gobernadores de las provincias Valverde y Montecristi, alegan que gran parte de la culpa de lo que está ocurriendo con el acueducto la tienen los responsables  del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) de la zona, que no han sabido meter en cintura a los técnicos de la constructora para obligarlos  a cumplir con su responsabilidad. Quizá tenga el amigo Frank Rosario que darse una vueltecita por la Línea Noroeste a enterarse de primera mano de lo que está ocurriendo, y más que nada para ver lo que puede hacerse para aliviar los  padecimientos de más de 700 mil ciudadanos y ciudadanas pasando las de Caín por falta de agua potable.

Malos ejemplos

El país está comprensiblemente escandalizado con la decisión de los regidores del ayuntamiento de San Cristóbal, en su gran mayoría pertenecientes al oficialista Partido de la Liberación Dominicana, de aumentarse a sí mismos su salario, al llevarlo de RD$104 mil 215 a RD$154 mil 905. El síndico de San Cristóbal, quien ha dado la voz de alarma, no sólo se ha desligado de esa decisión sino que la califica de ilegal por ser contraria a la ley 176-7 que rige a los municipios, además de que afectará sensiblemente las finanzas del cabildo. La irritación que ha provocado ese exorbitante aumento de sueldo, que según  el síndico José Montás Domínguez dejará al ayuntamiento  sin recursos conque pagar la nómina de la Biblioteca Municipal, el Cuerpo de Bomberos, la Dirección de Cultura, la Policía Municipal y el departamento de Medio Ambiente, ha hecho que lluevan rayos y centellas sobre esos regidores, pero hay que recordar -sin ánimo de justificación ni cosa que se le parezca- que tan solo han seguido el mal ejemplo que les han dado los miembros de la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral  y, desde mucho antes, nuestros diputados y senadores, privilegiados ciudadanos y ciudadanas que pueden darse el lujo de asignarse los sueldos que mejor acomodan a sus bolsillos.

 Nubarrones en la frontera

La decisión de la Dirección General de Migración y el Cuerpo Especializado de Vigilancia Fronteriza (CESFRONT) de impedir la entrada al país de alrededor de 350 trabajadores inmigrantes haitianos que viajaron al vecino país a visitar a sus familiares con motivo de las navidades amenaza con alborotar los ánimos en esa sensible zona de nuestra geografía. Lo que se dice es que las autoridades se niegan a permitir la entrada de esos trabajadores porque carecen de contratos de trabajo, pero también se dice que antes de salir del país se acordó que una vez terminadas las fiestas navideñas se les dejaría volver a las fincas agrícolas donde trabajan. Entretanto  los sacerdotes jesuitas Regino Martínez y Ramiro Pampols, de Solidaridad Fronteriza, se han declarado en vigilia permanente hasta tanto las autoridades les permitan regresar al país a ganarse el sustento, lo que preludia una nueva movilización de la sociedad civil de Dajabón en rechazo del CESFRONT y sus alegados abusos contra los trabajadores haitianos que se ganan la vida de este lado del Masacre.