Nadie piensa discutir que el doctor Reynaldo Pared Pérez, en su condición de secretario general del PLD, tiene todo el  derecho de negarse a seguir discutiendo públicamente las acusaciones que se hacen a su gobierno por la irregular contratación de un préstamo de US$130 millones a través de la empresa Sun Land, en el entendido de que daña políticamente la imagen de la administración peledeísta, y que por lo tanto es preferible considerarlo como un caso cerrado, metafóricamente hablando desde luego, pues  mientras más se bate más compromete la actuación de quienes realizaron la operación.

En el caso del doctor Radhamés Jiménez, Procurador General de la República, las cosas son muy distintas, pues si bien es verdad que, al igual que Pared Pérez, el doctor Jiménez es un dirigente de primera línea del partido oficial, su investidura, el cargo que ostenta, le imponen una serie de limitaciones a su accionar público que debería tener siempre presentes, pues a quien en verdad representa, aunque su cargo dependa directamente del Poder Ejecutivo, es a la sociedad dominicana y a sus mejores intereses. Por eso ha caído tan mal, y no solo dentro del PRD, que ha llevado la voz cantante en la denuncia de las tratativas con la Sun Land, que califique de “politiquero” el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia por su dirigencia, pues  ha permitido que el político suplante al funcionario.

Intereses creados

¿Cuántas veces ha escuchado usted decir a alguna autoridad del gobierno, sea civil o militar, diputado o fiscal, que combatirán  el robo de metales? De seguro que ya perdió la cuenta, como todo el mundo, resignado a convivir con una expresión de nuestra criminalidad que tanto puede dejar sin energía eléctrica una comunidad entera, inutilizar un pequeño acueducto rural o dejar sin su espada  al héroe restaurador Gregorio Luperón. En su infructuosa lucha por combatir el robo de metales, las autoridades se concentran ahora en las metaleras, simples intermediarias en un millonario negocio en el que la gran tajada se la llevan los exportadores, a las que se sancionará drásticamente -“como si fuesen ellos mismos los que roban”, según palabras textuales del fiscal José Manuel Hernández Peguero- si son sorprendidas comprando o vendiendo metal robado. Por supuesto, hay una forma más sencilla de acabar con ese problema de una vez por todas como sería la prohibición de la exportación de metales, pero esa decisión ha tropezado con grandes obstáculos, a pesar de haber sido sugerida por importantes funcionarios del gobierno. ¿La razón? Los famosos “intereses creados”.

Coincidencias

El mismo día que Participación Ciudadana dio a conocer los resultados del informe de Transparencia Internacional en el que se señala a la Policía Nacional como la institución a la que los dominicanos y dominicanas perciben como la más corrupta, seguida de los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional y el sistema de administración de justicia, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas apresaron a un segundo teniente de la   Policía luego de ocuparle alrededor de 65 kilos de cocaína que trasladaba en un vehículo que él mismo conducía. La coincidencia, no haría falta ni decirlo,  confirma que la negativa percepción  de la ciudadanía de la llamada institución del orden tiene fundamentos sólidos, lo que obliga a cualquiera a formularse una pregunta que venimos haciéndonos hace tiempo, sobre todo cada vez que nos vemos forzados a encarar la realidad de una Policía Nacional que no solo no está, a nivel de equipamiento, profesionalidad y eficacia, a la altura de nuestras necesidades de protección y seguridad, sino que ha terminado pasándose al enemigo. ¿Cuándo se va a producir la tantas veces reclamada profilaxis en la Policía Nacional?