Con la misma gentileza de siempre, la embajadora de España en el país, María de la Almudena Mazarrasa Alvear,  estuvo este año en la ceremonia del Día de la Raza, en el Faro a Colón, que tiene como base para su importancia el criterio de que allí reposan los restos del Descubridor de América. Desde luego que ese no es el punto de vista de la España de estos tiempos.

La posición oficial de la Madre Patria es que la osamenta que corresponde al navegante genovés es la que se guarda en Sevilla tomando en cuenta un peritaje con ADN del más alto nivel. Aquí no se ha hecho ningún estudio profundo sobre las partes del esqueleto que veneramos.

Nos remitimos exclusivamente a lo que se considera una historia que tiene bastante fundamentos sobre el destino de los restos. Tenemos pues nuestra propia versión sobre la supuesta legitimidad de los despojos colombinos y no se aceptan cambios. Se entiende, sin embargo, que la posición que públicamente tendría que asumir la excelentísima Mazarrasa es  la de que el gran personaje de la historia pertenece a su país totalmente, incluyendo lo que quede de su cuerpo; y no hay indicios de que privadamente, ella prefiera la tesis dominicana de que Colón  yace aquí, y solo aquí. Algo que, en todo caso jamás pregonaría.  Mientras tanto, lo cierto es que acudir al Faro el 12 de octubre era una obligación puramente protocolar y ella la cumplió.

Poderoso caballero….

La mayoría de la gente tiene un precio en este país, contra lo cual no valen mucho los principios ni las leyes; y poco se puede hablar de convicciones. Para la mayoría, no son permanentes. Lo que más está sucediendo en estos tiempos es que se descubra que algunos  agentes de la autoridad, en vez de  de combatir el tráfico de drogas, lo permitan o lo practiquen, en cárceles, aeropuertos, destacamentos.

En estos días un fugitivo “alquiló” una escolta de  guardias aeroportuarios para que lo acompañaran, prácticamente, hasta el avión en que pretendía irse subrepticiamente.

Fue descubierto casi de casualidad, porque con aquello de “dame mi parte”  pudo haberse producido el intento de comprar a los súbitos interceptores del perseguido que frustraron la fuga. Se recuerda que uno de los más famosos convictos de tráfico de dragos del país  fue acusado de disponer desde la propia cárcel en que está, que el hijo de un ex senador del Sur fuera secuestrado, torturado y asesinado, lo cual ocurrió. ¿A quién recurrió para tan terrible hazaña? A los propios policía que hacían de carceleros con él, según el expediente.  Así miembros de la fuerza del “orden” fueron convertidos rápidamente en sicarios. ¿Puede existir una verdadera guerra contra  el crimen en una sociedad tan maleable? Hay pruebas de que este es un país de matones que no le ponen mucho precio a su “trabajo”. Algunos procesos recientes demostraron que en casos de muertes por encargo, los  ejecutores  actuaron movidos por sumas moderadas de dinero. La diferencia entre la vida y la muerte puede ser aquí un simple fajo de los hediondos y devaluados pesos.

Falta de claridad

Los productores de leche han hecho una denuncia preocupante: el programa del desayuno escolar apenas recurre, en un 20%,  a la oferta de ese alimento que hacen los hatos nacionales, a pesar de que la ley y la política que se declara mandan  que los ganaderos dominicanos deben ser incentivados con la compra del 50% del lácteo que se destina a los escolares.

Inexplicablemente, la procesadora nacional que más leche en polvo importa, y menos apoya a los productores locales, es la que más se beneficia  con las adquisiciones para el programa en cuestión (según denuncian los afectados) una preferencia insólita que debería explicarse a la opinión pública.  La relación del Estado dominicano con sus proveedores y contratistas  sigue careciendo de transparencia en muchos ámbitos, como se está demostrando escandalosamente con el caso de la Sun Land; como ocurrió con el arrendamiento de un hotel del Estado recientemente, hecho al margen de los procedimientos que manda la ley.

Hasta la propia Cámara de Cuentas, creada para cuestionar, resultó severamente cuestionada en sus propios actos internos recientemente, indicándose por demás que la labor fiscalizadora de ese organismo en los años pasados no tuvo, por falta de profesionalidad y métodos, ninguna utilidad para los fines prácticos de perseguir lo mal hecho. Decir que aquí vivimos como los chivos sin ley no sería ninguna exageración.