La Confederación de Trabajadores Dominicanos (CNTD) acaba de anunciar  un grande y significativo paso: el inicio de las gestiones para formalizar la constitución de una organización que agrupará a los trabajadores del sector informal dominicano, que ya ha sido bautizada como “Federación de Trabajadores del Sector Informal de la Economía”.

Las razones que motivan el anuncio, tal y como lo plantea Jacobo Ramos, secretario general de la CNTD, no pueden ser más pertinentes: los trabajadores informales del país, alrededor del 65% de la masa laboral, están imposibilitados de integrarse a la seguridad social. Una federación  que agrupe al numeroso ejército de trabajadores informales se convertiría en un nada desdeñable instrumento de presión para demandar del gobierno políticas en su beneficio, sea en materia de educación, salud o facilidades de crédito y financieras. Y como constituyen mayoría, parece poco lógico, y definitivamente inequitativo e injusto, que reciban tan poco a cambio de  lo que aportan, en términos netos, al Producto Interno Bruto.

Ofensiva

Está en el aire una nueva ofensiva mediática destinada a convencer al gobierno en sentido general, y al secretario de Medio Ambiente Omar Ramírez en particular, de que aplace o flexibilice la aplicación de la resolución 16-2007 que ordena la suspensión de la extracción de agregados de todos los ríos del país en un plazo de noventa días, que se vence el próximo 10 de noviembre. La Asociación de Productores de Agregados planteó ayer que si esa resolución se cumple en la fecha acordada, sobre todo en lo que se refiere a las granceras que operan en las terrazas del río Nizao, al cabo de quince días se produciría un gran desabastecimiento en el mercado metropolitano que afectaría, principalmente, a los grandes proyectos en construcción, incluído -por supuesto- el más grande de todos: el Metro de Santo Domingo  que construye, por cuenta del gobierno, el ingeniero Diandino Peña. Se trata, por si no se han dado cuenta todavía, del mismo argumento de siempre, bastante simple pero muy convincente, pues nos recuerda los poderosos intereses en juego y su indudable peso e influencia en los gobiernos y sus decisiones. En esta oportunidad, para desgracia de nuestras cuencas hidrográficas, a esos poderosos intereses se suman los de la propia administración del presidente Fernández, empeñada en la construcción de un metro que nadie le pidió pero que va p’lante llueve, truene o ventee. ¿Resistirá el secretario de Medio Ambiente -hay que insistir en la pregunta- las presiones que le vienen encima?

  Preocupación

El tirijala entre la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano y el gobierno, a propósito del préstamo por 130 millones de dólares contraído a través de la empresa Sun Land, ha puesto muy nervioso al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Roberto Reyna,y la razón es tan sencilla como poderosa: los recursos de ese préstamo son utilizados en la construcción de distintas obras en la UASD, entre ellas un nuevo comedor económico, un hospital oncológico, la torre de oficinas académicas y administrativas, los laboratorios de arquitectura e ingeniería y un edificio para parqueos. La preocupación del rector,  quien asegura que esas obras son absolutamente imprescindibles para recibir el próximo semestre a una matrícula que se calcula en alrededor de 25 mil estudiantes, tienen asidero, pues desde el mismo día que se inició la polémica se produjo, coincidencialmente, una reducción en el ritmo de los trabajos. Lo más interesante del caso es que mientras el rector expresa sus temores, válidos y legítimos pues su responsabilidad es velar por el bienestar de la academia, por lo que pueda suceder con las obras que se levantan en la UASD, el economista Andy Daujahre y la dirigencia del PRD insisten en que el dinero obtenido a través de la Sun Land no aparece por parte ni el gobierno explica en qué han sido invertidos. ¿A quién le creemos?