Que se investigue

Se afirma que equipo médico costoso y de alto interés científico ha sido robado del hospital Doctor Luis Eduardo Aybar. Se trata de aparatos que serían instalados en el Centro de Cirugía Cardiovascular, Oftalmología y Neurocirugía, cuya construcción data desde el último período presidencial del extinto líder reformista Joaquín Balaguer.

La “desaparición” de los equipos ha sido confirmada por el neurocirujano Santos Vilorio, el siquiatra Secundino Palacios y el dirigente comunitario Alexis Peña, quienes afirmaron que se espera el resultado de una auditoría para cuantificar la sustracción.

Se recuerda que una parte de esos equipos fueron donados por la Unión Europea y otros adquiridos durante el mandato anterior del actual Presidente, Leonel Fernández. Se afirma que fueron sustraídos durante el período de transición y que su precio actual sería de RD$400 millones.

Entendemos que, tratándose de bienes del Estado, la denuncia de su sustracción debe ser suficiente para motivar la intervención del Ministerio Público, que debería investigar la cuestión hasta las últimas consecuencias, sobre todo en un país como el nuestro, en el que no hay respeto por nada ni por nadie.

En todos los tiempos, los bienes del Estado han sido botín para la rapiña alimentada por los grupos políticos que han asumido el poder, sobre todo en el excesivamente largo período de transición.

Hay que investigar este y todos los casos en que haya sustracción o enajenación de bienes estatales y aplicar sanciones severas, las más severas que permitan las leyes.

La UASD

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) acaba de sellar su 466 aniversario con la graduación de 2,470 nuevos profesionales.

Con esta investidura, reafirma su condición de soporte para el desarrollo del país y de punto de referencia en materia de excelencia académica, así como de institución preocupada por los problemas sociales que afectan a la nación.

Esta entrega de nuevos profesionales se produce en momentos en que las precariedades de la economía general del país hace que cobre dimensiones más relevantes el papel de la academia del Estado, cuyos costos permiten que miles de jóvenes tengan acceso a carreras profesionales que los insertarán en los medios de producción.

Las condiciones socioeconómicas que predominan en estos tiempos, que convierten a la UASD en receptora de una población estudiantil bastante numerosa, imposibilitada de asumir los costos de las academias superiores privadas, deben motivar una revisión de los criterios que predominan en el tratamiento financiero que recibe la universidad estatal de parte del Gobierno.

Quizás sería útil colocar a la UASD en condiciones de generar parte de sus propias finanzas, mediante el desarrollo de proyectos de producción y servicios en varias ramas, en las cuales los estudiantes puedan cursar pasantías.

La reafirmación de su excelencia como academia del Estado, hecha esta vez por medio de la graduación de más de dos mil nuevos profesionales, le granjea a la UASD el merecimiento de que cada vez con mayor firmeza se la respalde y se propicie su expansión.