El Colegio Saint George, de capital privado, negó anoche que hubiera expulsado a los hijos del señor Quirino Paulino Castillo, extraditado por el gobierno dominicano a los Estados Unidos, donde le espera un proceso en una corte de Nueva York, acusado de narcotráfico internacional.

La institución educativa rechaza, por tanto, la denuncia formulada por un abogado de la familia Quirino, quien notificó a los medios de comunicación que el Saint George había expulsado a los cuatro hijos del detenido.

Después de escuchar las opiniones del Saint George y del abogado de la familia de Quirino se puede afirmar que ha habido marcada torpeza en el manejo de la situación, tanto por parte del centro educativo como del denunciante.

El Saint George da a entender que hubo una especie de «solución negociada» con la madre de los menores, para que ésta los retirara del colegio al concluir el año lectivo, después que se le expresara «de las crecientes intranquilidades que se suscitaron en el colegio a raíz de las serias imputaciones que se hicieron al señor Quirino Ernesto Paulino Castillo».

Esas «intranquilidades», según el plantel fueron manifestadas «por padres de nuestros alumnos, que estaban convulsionando el colegio y nos hacía desistir de su admisión para el año lectivo 2005-2006».

De todos modos, y aun cuando se puede deducir lo de la «solución negociada», el Saint George expresa que para la preservación de la vida académica, «optó por ejercer el derecho que le asiste a toda institución privada en aras del bien común y su propia supervivencia, de reservarse la admisión de los menores para el año escolar siguiente».

-II-

Lo terrible de toda esta situación es que en la misma hay involucrados cuatro niños que no son responsables de los actos cometidos por su progenitor, niños a quienes se convierte en víctimas inocentes de un escándalo.

Se ha informado, de manera extraoficial, que el Colegio también esgrime el argumento de que los niños asistían al centro acompañados por guardias de seguridad fuertemente armados.

Tenemos entendido que guardias armados, incluyendo militares, se mantienen en los alrededores de muchos centros educativos privados, pues los padres de los estudiantes consideran que deben mantener esa vigilancia. Se supone que esos vigilantes armados no están en las aulas y si allí penetran, sería por culpa de los rectores de los centros educativos.

Resulta cuesta arriba creer que la dirección de un Colegio advirtiera a la madre de los niños que podría recomendar la admisión de los mismos en otro centro siempre y cuando se omitiera el apellido paterno, de acuerdo a denuncias del abogado de la familia. Hacer eso, sería el colmo de las estupideces.

Ahora mismo lo más importante es que se asista a los niños maltratados, para evitar que en éstos se desarrollen traumas, temporales o definitivos por el drama que vive una familia dominicana.

La Secretaría de Estado de Educación ha designado una comisión para que investigue cuanto ha sucedido en este enojoso caso. Es deseable que esa comisión realice su trabajo con seriedad y celeridad, escuchando todas las campanas antes de sacar conclusiones que no deberían quedarse en gavetas de escritorios sino ponerse en conocimiento de la opinión pública.

Que el miedo que se quiere desatar ante la sola mención del nombre de Quirino Paulino Castillo no empañe cualquier investigación y mucho menos estigmatice a inocentes criaturas que nada tienen que ver con lo que pueda haber hecho su padre.