Luego de presentar un informe sobre las condiciones de los privados de libertad en la República Dominicana, con hallazgos a partir de visitas realizadas por la Comisión Carcelaria durante el año 2021, la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) presentó 18 recomendaciones que buscan se mejore el sistema penitenciario del país.

De acuerdo al informe, una de las sugerencias que establecen es la de aplicar criterios de igualdad para lo que consideraron como «grupos vulnerables» en calidad de reos en el país: los LGBT e internos transgéneros, para los cuales pidieron, además, una especial atención, tomando las previsiones de lugar.

Además, que «se les permita tener intimidad con su pareja, así como también desarrollar la libre personalidad».

Otras recomendaciones es adecuar de manera «urgente» los baños de los últimos centros construidos en Najayo-Hombres, Santiago, Puerto Plata, Dajabón, así como el área de Observación del centro de Mao, que, según el informe, vulneran el principio de intimidad y dignidad al estar ubicados sin ninguna división, «lo que permite que los demás internos presencien a otro realizando sus necedades fisiológicas».

De las razones principales que presenta la ONDP sobre la actual situación carcelaria de la República Dominicana, es «el gran el Estado expresamente plantea a través de la norma, respeto a lo que debe hacerse, en la práctica no se realiza, las autoridades se esmeran en plantear programas y sistemas penitenciarios que llevan consigo el respeto a la dignidad, para llevarlos a la práctica, pero es en cierta medida irónico, pues es como si en teoría es la política de respeto a la integridad y dignidad de las personas y en la practica la anti-política.

Es por esto que dicha entidad presentó otras 16 sugerencias:

1.- Las autoridades deben dotar de personal médico suficiente donde no los hay, y que se incluya personal psiquiátrico, odontológico, y ginecólogo en el caso de las mujeres, exigiendo a salud pública abastecer de todos los medicamentos necesarios a los centros, así como que se establezcan conexiones con laboratorios ubicados en el país a fin de lograr donaciones.

2.- Canalizar la construcción de nuevas estructuras en los lugares donde existe hacinamiento, y que se proceda a la reubicación de las mujeres recluidas en Nagua, Samaná, Salcedo y Monte Cristi, por su cercanía con el área de hombres, y en el caso de los menores implementar los programas de reinserción social en todos los centros, procediendo a la eliminación del centro de La Vega por no estar apto para alojar ningún adolescente.

3- Gestionar con las autoridades penitenciarias para que los internos sean reubicados en aquellos lugares donde existen nuevas construcciones de CCR, o que puedan lograr sus equipamientos para tales fines

4- Aumentar la calidad y cantidad de los alimentos en los Centros Penitenciarios, tomando en cuenta los que requieren una dieta especial.

 5- Que en todos los centros de privación de libertad se cumpla con el sistema progresivo de tratamiento que establece la Ley 113-21.

6- Gestionar y establecer de manera permanente en los centros programas educativos, brindándoseles además oportunidades labores.

7- Contratar personal para todos los Centros donde no existen Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, con finalidad de trabajar la reinserción.

8- En cuanto a los internos de máxima seguridad que los mismos sean sacados al patio una hora al día, y con las debidas precauciones sean beneficiados de programas de reinserción social, conforme los dispuesto en el artículo 4 numeral 8 d le lay 113-21.

9- Tomar todas las medidas necesarias a los fines de evitar la propagación del virus del COVID, y proporcionar mascarillas y los insumos de limpieza.

10- Crear mecanismos de supervisión a las visitas que no laceren su intimidad, ya que las mujeres deben someterse a una revisión vergonzosa.

11- Apertura de las visitas conyugales, ya que como vimos hay centros que aún no inician luego de la pandemia, y que las mujeres privadas de libertad en las cárceles tradicionales tengan derecho a las mismas en igualdad de condiciones con las que están recluidas en los 5 centros del nuevo modelo, quienes desde hace un tiempo cuentan con ese beneficio.

12- Que la Procuraduría General de la República, Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, clausure la cárcel que funciona en el sótano del Destacamento de Bella Colina, por la misma no reunir requisitos mínimos de habitabilidad para ser humano alguno y constituirse en una edificación que promueve la constante vulneración a derechos fundamentales de los internos.

13- Que las cárceles del modelo tradicional sean sustituidas con carácter de prioridad por los Centros de Corrección y Rehabilitación, para que todo el sistema pase bajo la gerencia del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, como garantía de los derechos humanos a permanecer en un ambiente donde se respete su dignidad e integridad.

 14- Que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales desarrolle auditorias de calidad a los diferentes servicios ofrecido a interno/as, que permitan establecer debilidades concretas en ambos Sistemas, específicamente, aquellos servicios básicos como alimentación, albergue, salubridad, higiene, así como los demás servicios que deben ser ofrecidos en el marco del proceso de rehabilitación y reinserción, entre estos mencionamos: educación, formación técnica, etc.

15- Que la Procuraduría General de la República a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, amplíe los programas de vinculación con los sectores de la sociedad y medios de comunicación, para concienciar a la población de las bondades que brinda el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, sujeto al respeto de los derechos humanos.

16- Que la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, realicen acuerdos con instituciones y organizaciones públicas y privadas a los fines de que los internos y las internas, después de cumplir la pena, puedan obtener un empleo, de esa manera se da seguimiento a la post-prisión y se rompe con el estigma o prejuicio de haber sido convicto.

«Finalmente, la Oficina Nacional de Defensa Publica, reitera que continuará dando seguimiento cercano a la situación de las personas privadas de libertad», concluye una nota sobre el informe.