– El balance del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, cumplida la segunda semana del inicio de su aplicación, no es alentador: menos de cien personas, de un total de 31 mil que han asistido a las oficinas habilitadas en las gobernaciones provinciales, han podido presentar completa la documentación requerida para regularizar su estatus en la República Dominicana. La razón de tan pobres resultados no es otra que la renuencia histórica de las autoridades haitianas a dotar de documentos a sus nacionales, pero en las presentes circunstancias, y a juzgar por lo que está cobrando la embajada haitiana en el país por los documentos que requieren sus nacionales cualquiera diría, como ya lo ha hecho el presidente de la JCE, Roberto Rosario, que están mas interesadas en ganarse un buen dinero que en el bienestar de su propia gente. Es evidente que, a ese paso de tortuga cansada, tardaremos años en regularizar la situación migratoria de los miles de haitianos que residen ilegalmente en territorio dominicano, lo que ha llevado a sectores nacionalistas a insinuar que se trata de una maniobra de las autoridades haitianas para forzar al gobierno a flexibilizar sus exigencias y, por vía de consecuencia, a violar la ley de Migración y de paso también el decreto que instituyó el Plan de Regularización. Adelantándose tal vez a esa posibilidad el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, advirtió ayer que esos requisitos se mantendrán, por lo que pidió a las autoridades haitianas hacer “sus mejores esfuerzos” por documentar a sus nacionales para que República Dominicana pueda regularizarlos. Esa colaboración ha sido, de manera inexplicable, la gran ausente, y como se supone a los haitianos mas interesados que nosotros en resolver una situación que han denunciado en todos los foros internacionales, su resistencia a colaborar resulta altamente sospechosa. ¿Qué se traerán entre manos?