ROSARIO ESPINAL
Reformar el sistema electoral no es llave maestra para resolver los graves problemas que aquejan la sociedad dominicana, pero mantener las elecciones separadas aleja las soluciones. En la actualidad, predomina un costoso y constante electoralismo que no promueve mejores candidaturas ni mejores gobiernos. Para muestra basta señalar que muchos candidatos electos después que se separaron las elecciones en 1994 no exhiben mejores gestiones que sus contrapartes anteriores.

Quienes defienden la separación de elecciones insisten en decir que se evita el arrastre, pero los datos dominicanos no confirman esta aseveración. También plantean que la separación sirve para fomentar el liderazgo local, lograr gobiernos balanceados y mejorar la gestión ejecutiva, pero aquí también distan los planteamientos de los hechos.

Sobre el arrastre, los datos muestran que las elecciones congresionales de 2002 y 2006 fueron de las más arrastradas del período 1978-2006. Es decir, en esos dos comicios, el partido en control del ejecutivo obtuvo una alta representación congresional. Tanto el PRD en el 2002 como el PLD en el 2006, lograron una representación igual o mayor en ambas cámaras que cualquier otro partido gobernante fruto de elecciones celebradas entre 1978 y 1994.

En el 2002, la popularidad del PRD arrastró sus candidatos. El partido obtuvo 90% de las senadurías, el porcentaje más alto que partido gobernante alguno haya logrado en elecciones democráticas en el país, con una diferencia de 85% en el número de puestos alcanzados por la primera y segunda fuerza senatorial; logró el 48% de las diputaciones, con una diferencia de 20% entre la primera y la segunda fuerza en la cámara; y obtuvo el 83% de los síndicos, con una diferencia de 75% entre la primera y la segunda fuerza municipal.

En el 2006, la popularidad del PLD arrastró a sus candidatos frente a los de la alianza perredeísta-reformista. El PLD obtuvo 69% de las senadurías, con una diferencia de 50% entre la primera y segunda fuerza senatorial, y el 54% de las diputaciones, con una diferencia de 20% entre la primera y la segunda fuerza en la cámara. En el caso municipal, la diferencia fue menor, de sólo 10% entre la primera y la segunda fuerza.

En 1998 no hubo arrastre, sino que el entonces opositor PRD, con una popularidad en rápido ascenso, arrasó en las congresionales-municipales de ese año. El resultado no fue un gobierno balanceado entre 1998 y 2000, sino la polarización entre el ejecutivo peledeísta y el legislativo perredeísta, que llevó a la típica inacción de los gobiernos divididos.

Así es que, la separación de elecciones no garantiza la reducción o eliminación del arrastre como se repite constantemente en el país. Tampoco produce mejores ejecutorias gubernamentales, aunque a veces un gobierno dividido sirva para detener males peores.

En cuanto al fomento del liderazgo local, los resultados muestran que el factor más influyente en la elección de candidatos es la popularidad del partido y sus líderes nacionales. Por ejemplo, de haber sido muy importante el liderazgo local, el PRD, partido histórico de masas, no hubiese sufrido el desplome electoral de 2006, cuando perdió el 72% de su matricula senatorial, 14% de su matricula en la cámara y la mitad de sus síndicos.

Por eso, fragmentar el sistema electoral para supuestamente crear un ambiente más favorable a la independencia de los poderes públicos es un error de ingeniería política. No se evita el arrastre, como muestran los datos presentados, y se debilitan los partidos que quedan sometidos a una constante vorágine electoral.

Además, celebrar elecciones congresionales-municipales a medio período de la gestión presidencial no contribuye al buen gobierno. Durante sus primeros dos años, el Ejecutivo queda enfocado en las conveniencias de mantener una mayoría, si la tiene, o de ganarla si no la tiene; y en la lucha desesperada por prevalecer electoralmente, se agudizan las prácticas clientelistas. Vale entonces preguntar: si la separación de elecciones no reduce el arrastre como demuestran los datos, no independiza los liderazgos locales y mantiene en jaque electoral al Ejecutivo, ¿por qué mantener un sistema de elección costoso y que satura la población?

Los principales beneficiarios de la separación no son la ciudadanía y la democracia como argumentan sus defensores, sino muchos activistas de partidos y algunos de la sociedad civil que se mantienen en constante agitación política.

También se benefician los publicistas y medios de comunicación que cotizan caro los anuncios de campaña y tienen abundancia de titulares apetitosos.

Las elecciones dominicanas deben realizarse el mismo día con boletas separadas para elegir las autoridades presidenciales, legislativas y municipales. Celebrarlas con pocos meses de diferencia mantendría elevado el abstencionismo que, en República Dominicana, es casi el doble en elecciones congresionales-municipales que en las presidenciales.

Es tiempo de establecer un sistema electoral más sencillo y concentrar las energías políticas en mejorar las gestiones gubernamentales.