Ningún partido político tiene derecho a poner al servicio de sus aventuras y correrías los instrumentos que sustentan la institucionalidad del país.

Aún cuando a través del voto se hayan delegado en ese partido los poderes que consagra la ley para la administración de Estado, ello no le da derecho a acomodar el sentido y espíritu de la ley para subsanar sus insuficiencias internas.

Hace algún tiempo, para acomodar la ley a sus particulares apetitos, legisladores oficialistas modificaron la Constitución y acomodaron su texto para que les permitiera emprender una desenfrenada carrera por la reelección presidencial.

Aquella fue una reforma que tuvo entre sus aspectos repudiables el hecho de que sus patrocinadores echaron al zafacón un consenso de las fuerzas sociales en cuanto a los aspectos a modificar y que, por cierto, no incluían la reelección presidencial.

Ahora se quiere modificar la Ley Electoral para instaurar en el país la «Ley de Lemas», una fórmula aplicada en otros países y que permite a los partidos inscribir varios candidatos a una misma posición electiva y que, por tal virtud, no hace más que poner de relieve insuficiencias de liderazgo y coesión, debilidad institucional y otros vicios que suelen afectar a los partidos políticos y que les impide unificar criterios en torno a una plataforma u oferta electoral viable. De ninguna manera puede tomarse esta realidad, sin duda lamentable, como pretexto para inventar remedios que puedan afectar la buena marcha del proceso electoral y otras gestiones de Estado.

[b]-II-[/b]

Una modificación como la que se está cociendo en ámbitos del partido en el poder, para trasplantar a nuestro sistema el estilo que permite la Ley de Lemas, podría reñir con lo avanzado hasta el momento en la organización del certamen electoral.

De hacerse como se pretende, se atentaría contra la voluntad expresada por el elector al ejercer un sufragio direccionado en favor de una opción pero que, en virtud de la Ley de Lemas, podría ir a favorecer a otra opción por la cual (o en contra de la cual, podría ser) se haya votado.

La Ley Electoral no puede estar a merced de los apetitos de quienes pretendan acomodarla a sus particulares intereses. No puede ser traje a la medida ni para partidos ni para individuos.

Justo sería que los esfuerzos que se están malgastando en estos cambios caprichosos, sean destinados a fortalecer la credibilidad de la Junta Central Electoral, para que el proceso que culminará con las elecciones de mayo sea diáfano y confiable.

Los cambios que se pretende introducir a la Ley Electoral obligarían a reformulaciones que complicarían la organización de las elecciones en momentos en que, por razones sabidas, se requiere agilizar el proceso.

Lo mejor que podría ocurrir es que el proyecto que instauraría la modalidad que estamos criticando y que fuera sometido formalmente ayer vía Cámara de Diputados, sea decididamente rechazado por entender que añadiría al proceso electoral elementos de trastorno que el país quisiera ahorrarse.