Con las nuevas disposiciones que contempla el proyecto de ley de alquileres en la República Dominicana que está siendo estudiada por una comisión especial en la cámara de diputados, se pretende garantizar los derechos y deberes del propietario del inmueble así como del inquilino, derogando viejas prácticas; como el deposito adicional para el pago a intermediarios o corredor al momento de rentar un inmueble.

Este punto queda eliminado en el artículo 12 del referido proyecto autoría del presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, donde señala que “cuando deba pagarse una comisión inmobiliaria por concepto de gestión para el alquiler, la responsabilidad de su liquidación corresponderá al propietario o representante legal siempre que este haya contratado la gestión del corretaje.”

El diputado Eugenio Cedeño, quien preside la comisión que revisa esta pieza entiende que «Este nuevo procedimiento será ágil, rápido, novedoso y garantista para ambas partes”.

No obstante, pese a que el proyecto moderniza algunos aspectos, en algunos casos se crean nuevos conflictos, por ejemplo; el plazo otorgado al inquilino para desalojar la propiedad luego de dos meses sin honrar el pago.

Al menos así lo considera el abogado Juan Arturo Recio, entendido en temas de litigios relacionados con alquileres.

“Con toda honestidad, es un proyecto que necesita mayor claridad en su discusión. Se ha vendido la idea de que a los dos meses sin pago se va a poder sacar a un inquilino, cuando la realidad es que a los dos meses es cuando podrás solicitar al tribunal especial que pretenden crear con el proyecto, la autorización de fuerza pública. Mientras te imponen un proceso de conciliación en el camino.”

Arturo Recio, aseguró que “no es cierto que ahora mismo existen en la justicia dominicana, las herramientas para acelerar procesos de desalojo en la forma en que el proyecto pretende y arriba de todo. Se eliminan garantías procesales básicas como el registro del contrato y el depósito del dinero en el Banco Agrícola.

Sobre el apartado relativo a etnia, credo, condición social u otras formas de discriminación como condiciones para el alquiler de viviendas, el jurista consideró que es “difícil probar en los tribunales estos elementos para iniciar un proceso judicial contra propietarios, sin bases jurídicas reales.”

El proyecto que espera ser aprobado antes de que finalice la actual legislatura, fue aprobado en primera lectura el pasado 24 de mayo luego de debatirse en una consulta pública.