Los avances en el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, el derecho a reparar y las reclamaciones verdes -Green Claims- para advertir de políticas empresariales de blanqueamiento ecológico, fueron los temas de la agenda de los responsables de política de consumo de la Unión Europea, que se discutieron a finales de julio.

La agenda, cuyo punto fundamental es la protección de los consumidores, sobre todo de los más vulnerables, persigue mejorar sus derechos en la promoción de buenas prácticas en favor de la transición ecológica, mejorar sus derechos en el mundo digital y hacerles partícipes de esta.

Los responsables de las políticas de consumo de la Unión Europea se dieron la llamada agenda 20-25, la cual fue interrumpida por la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania. Pasaron balance al cumplimiento de la agenda donde destacaron avances sobre la implementación del consumo sostenible, que figura como el fuerte del plan a cinco años. Se destacaron los avances en la directiva de crédito al consumo, en marketing a distancia y en los servicios destinados a los consumidores durante la pandemia. También se evaluó la seguridad de los productos, sobre todo en el ámbito digital.

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¿Qué es el blanqueamiento ecológico -Greenwashing-? Es el empleo de los conceptos de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático como una herramienta de marketing sin que en realidad la empresa adopte medidas en esa dirección, lo que constituye un engaño al consumidor.

Los hacedores de políticas públicas de defensa al consumidor también consideraron la obsolescencia programada o prematura, dentro de un marco de acceso a la información confiable. Esto implica que el consumidor tiene derecho a saber si la durabilidad de un bien es confiable y si la industria que se ha comprometido con la responsabilidad de asumir las normas para la transición ecológica y todas las que se han propuesto en el marco de la agenda 20-25 son ciertas.

En la reunión de finales de julio, la UE decidió que apoyará y promocionará los compromisos que las empresas adquieran de manera voluntaria en favor del consenso sostenible más allá de sus obligaciones legales. También se aportará y favorecerá la reparación de bienes, y se fomentará el consumo de productos provenientes de la economía circular.

Los reclamos verdes son directrices elaboradas con el propósito de que los consumidores obtengan las herramientas necesarias para reclamar el cumplimiento del compromiso con la transición ecológica y sus implicaciones. Para esto se elaboró una propuesta de ley que fue introducida en el Congreso de España.

El consumo sostenible y su implementación no es una moda, es un compromiso social de las empresas y de los consumidores para empujar hacia la sostenibilidad de la vida en el planeta. La transición ecológica implica cambios en el consumo de energía, de agua y otros insumos para atenuar los efectos de la emergencia climática.

En nuestro país, los esfuerzos en ese sentido están muy dispersos, con hacedores de políticas que son buenas, pero cada cual en su parcela. Se impone que haya una sola agenda, que las políticas públicas para los efectos del cambio climático surjan de un gran consenso donde haya el compromiso del cumplimiento de las leyes que ya tenemos y se involucre a todos los dominicanos en la implementación del consumo sostenible.