BBC Mundo 
Roxana Ruiz, una joven de 23 años originaria de Oaxaca, en el sur de México, aún está asimilando la noticia que cambió su vida la pasada semana: tras ser sentenciada a más de seis años de cárcel por matar a su violador en defensa propia en 2021, vio cómo su caso fue sobreseído.
En una audiencia, la misma jueza que también le había impuesto pagar una multa de 285.000 pesos (US$16.134) a la familia del hombre, decidió absolverla.
Su caso había provocado gran indignación en buena parte de México, un país desangrado por la violencia contra las mujeres: más de diez son asesinadas cada día.
Tras la presión de colectivos sociales y la repercusión en medios de comunicación, el caso de Ruiz dio un giro de 180 grados cuando la Fiscalía de Estado de México rectificó su dictamen.
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«Yo estuve a punto de morir. ¿Cómo es que después de abusar sexualmente de ti, te meten a la cárcel por defenderte y luego quieren que pagues una reparación de daños a la familia del tipo que te violó? Eso es injusto, es una barbaridad», se pregunta la joven.
Pese a que celebra su absolución, la lucha no ha terminado para ella.
La familia de Sinaí Cruz, el joven de 22 años a quien Ruiz quitó la vida, apeló el pasado viernes la decisión judicial. Según el abogado de la joven, Ángel Carrera, el recurso no tendría muchas opciones de prosperar dado que la Fiscalía, que es la que puede acusar de la comisión de un delito, ya desistió del ejercicio de la acción penal.
La familia se refiere con sus declaraciones al comportamiento de Ruiz tras matar al joven. Según un comunicado del Poder Judicial del Estado de México emitido el 17 de mayo, «después de los hechos, ella permaneció con el cadáver por lo menos 20 horas» y le realizó varias lesiones tras fallecer: cinco heridas de 4 a 32 cm.
El inicio de la pesadilla
Ruiz, una joven de origen indígena, tenía solo 21 años cuando ocurrieron los hechos por los que acabó en prisión.
Antes había logrado escapar de una relación de violencia con el padre de su hijo, al que conoció siendo apenas adolescente. «Yo no sabía reconocer esa violencia doméstica, no sabía lo que estaba viviendo y para mí no tenía nombre», reconoce.
«Cuál es la sorpresa, que una vez que logro salir de eso, estuve a punto de morir a manos de un violador».
Aquel día de 2021, Ruiz regresaba de vender papas fritas con su carrito hacia su casa en Ciudad Nezahualcóyotl, en Estado de México, un municipio en el que están vigentes sendas alertas por feminicidios y desapariciones.
Sinaí Cruz, un joven al que asegura que conocía de vista, se ofreció a acompañarla e insistió en que lo dejara quedarse a dormir porque vivía muy lejos. Ruiz asegura que accedió a que entrara por miedo y que, cuando estaba dormida, él la violó.
Fue cuando despertó que amenazó con matarla si no dejaba que la siguiera agrediendo sexualmente, hasta que ella lo asfixió con una camiseta y cayeron al suelo golpeándose él en la cabeza, según ha relatado a varios medios en todo este tiempo sobre aquel episodio que ahora prefiere evitar rememorar.
«Uso excesivo» de la legítima defensa
Ruiz denuncia que, pese a que explicó que se había defendido porque el hombre estaba abusando de ella, las autoridades no lo tomaron en cuenta ni lo incluyeron en su declaración. También pidió sin éxito que la revisara un ginecólogo para confirmar lo sucedido.
Ella reclama que «no tuvieron en cuenta la perspectiva de género. No investigaron como deberían ni se apegaron al debido proceso».
El caso la llevó a permanecer en prisión preventiva por nueve meses. Recuerda la cárcel como un lugar como «muy hostil y lleno de injusticia, lleno de mujeres inocentes. Yo ahí estaba muy mal psicológicamente y a punto de colapsar, no se lo deseo a nadie».
