Queda mucho por hacer en materia migratoria

Gracias a la histórica sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, el país y sus autoridades fueron encarrilados en la dirección de aplicar la Ley General de Migración y de paso descubrimos que efectivamente, tal como habían advertido “los Castillos” y otras personalidades, hay una intención manifiesta de países y organizaciones de resolver la crisis haitiana imponiéndole a la RD ese gravamen; sin embargo la mejor vía para enfrentar esas intolerables presiones es pasar del plan de regularización a acciones concretas que trasciendan las meras deportaciones.

Desde la sentencia de la CIDH en los casos Yean y Bosico, hasta las desacertadas declaraciones del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, pasando por la descarada propuesta del Secretario General de la ONU y múltiples declaraciones de organismos internacionales, ong´s y el gobierno haitiano, la República Dominicana ha estado sometida a una campaña de difamación y presiones internacionales que se intensificaron a raíz de la histórica sentencia del TC; campaña cuyo objetivo es torcer el brazo al país para que permita el libre tránsito de los indocumentados y otorguemos la nacionalidad a los supuestamente nacidos aquí en violación de la Constitución y la Ley de Migración.

El país se ha unido frente a estas presiones internacionales, aun los líderes políticos que inicialmente rechazaron la sentencia del TC, el gobierno del Presidente Danilo Medina ha actuado con cautela, pero con voluntad política, ha sido harto flexible y promulgó la Ley 169-14 que otorgó la nacionalidad a los hijos de haitianos indocumentados nacidos aquí y que habían logrado su inscripción en el registro civil, dio la oportunidad a los que supuestamente nacieron en nuestro territorio y definió el plan de regularización que contemplaba la Ley General de Migración (285-04).

A pesar de las presiones y el chantaje el gobierno dominicano ha sido firme en sus planteamientos frente al gobierno de Haití y al Secretario General de la OEA, pero no le queda otro recurso que aplicar las leyes e iniciar un proceso de deportación a los que no se acogieron a la Ley 169-14; por supuesto con respeto absoluto a los derechos humanos, sin embargo el asunto no puede limitarse a deportar unos miles mientras otros tantos siguen cruzando la frontera y la mayoría permanece por la inobservancia de diferentes leyes. Lo primero es sellar la frontera desde un punto de vista militar, físico, económico y social. Es imprescindible que el Cesfront cuente con mayores recursos y un personal más especializado y mejor pagado, es necesario construir protecciones en los lugares más vulnerables y establecer planes de inversión por parte de sucesivos gobiernos (comenzando con la reconstrucción de la carretera internacional), los cuales junto a programas privados como el del “Consejo Económico Binacional Quisqueya”, desarrollen la región fronteriza para que los dominicanos no abandonen ese territorio y sea ocupado por los haitianos que encontrarán en ese desarrollo la posibilidad de beneficiarse permaneciendo en su país.

Es necesario que en materia del mercado laboral se tomen medidas y el gobierno puede dar el primer paso obligando a los contratistas de obras y suplidores el cumplimiento del 80-20 en materia de mano de obra, mientras el Ministerio de Trabajo debe multiplicar la supervisión para aplicar sanciones a los empleadores que violen este acápite del Código Laboral y los que utilizan mano de obra de indocumentados. Las asociaciones empresariales pueden y deben jugar un papel protagónico en cumplir las leyes para desincentivar la migración ilegal.

Es muy correcta la decisión del gobierno y el sector privado de contratar agencias especializadas en materia de relaciones públicas e institucionales, así como empresas “lobistas” para cubrir la espalda del país, así como mantener una intensa campaña diplomática, como lo está haciendo el canciller, para desmontar la ola de calumnias contra el país.

Solo de esta forma y cumpliendo y haciendo cumplir nuestras leyes seremos respetados por esa comunidad internacional irresponsable, que en vez de asumir la reconstrucción y el desarrollo de Haití, pretenden empobrecernos y borrar nuestras raíces culturales haciéndonos cargar con el estado fallido.