Con el desenlace electoral, que concluyó con la elección del doctor Leonel Fernández como presidente de la República, se produce un cambio positivo en las expectativas de los agentes económicos sobre el futuro del país, pero queda pendiente una dura tarea para lograr la gobernabilidad económica y que el cambio de percepción sea sostenible, se advierte en círculos económicos.

El hecho de que el resultado electoral haya favorecido al doctor Fernández, que durante su mandato entre 1996 y el 2000 logró mantener la estabilidad macroeconómica, genera un cambio favorable en las expectativas de los agentes económicos, cuya principal preocupación durante los dos últimos dos años ha sido la fuerte devaluación de la moneda.

Pero para que este cambio positivo en las expectativas se mantenga y afiance, se requiere de una enorme tarea que debe comenzar desde antes del 16 de agosto, fecha para la cual está pautado el traspaso de mando del presidente Hipólito Mejía al nuevo presidente, doctor Leonel Fernández.

La percepción que hay entre quienes conocen a mayor profundidad la delicada situación por la que atraviesa la economía dominicana en los actuales momentos, es la de que estamos frente a la transición gubernamental más delicada de todas las que se han producido en la vida democrática de la República Dominicana.

El problema, según se advierte, no es sólo que el país atraviesa por una fuerte crisis financiera y monetaria, dos de cuyos componentes son la existencia de un financiamiento interno del Banco Central que supera los 100 mil millones de pesos, y la acumulación de un enorme déficit en el sector eléctrico, agravado por los altos precios internacionales del petróleo, que ayer se colocaron a 41 dólares en mercado de Nueva York.

Hay el temor de que pronto se produzca un desplome en el servicio eléctrico, sin no se comienza a actuar de inmediato para enfrentar la crisis financiera de ese sector.

Adicionalmente, está el hecho de que la transición se hará en momentos en que hay vigente un acuerdo con el FMI cuya ejecución ha sido detenido porque el gobierno no ha podido cumplir con algunos de sus objetivos, lo cual obliga a la adopción de medidas que en algunos casos no pueden esperar al 16 de agosto próximo, para evitar un rompimiento que haga más gravosa la situación financiera del país.

Antes esa situación, hay quienes consideran que durante los tres meses de la transición el actual gobierno debiera trabajar en consenso con el presidente electo y su equipo, así como con los organismos internacionales, a fin de ir allanado el camino que permita mantener el acuerdo con el FMI y asegurar la gobernabilidad económica, tanto interna como externa.

Una transición de este tipo se hace más necesaria si se toma en cuenta que el país tiene fuertes compromisos de deuda externa que cumplir en lo que resta de año, para lo cual requiere del apoyo de la comunidad financiera internacional.

Se advierte que el país no podría lograr este apoyo de la comunidad financiera internacional sin asegurar el cumplimiento del acuerdo con el FMI.

La sección económica del periódico Hoy publicó el sábado un informe profesional de Merrill Linch en el que se advierten las limitaciones que enfrentará el gobierno para honrar los compromisos de deuda externa pendientes para lo que resta del presente año.

En ese informe se señalan pagos pendientes que tendría que honrar el gobierno hasta final del año por un monto superior a los 70 millones de dólares, además de que deberá llevar a cabo negociaciones para lograr cerrar una brecha financiera en su balanza de pagos de unos 100 millones de dólares para el presente año.

El problema está en que para resolver esa situación el gobierno el país deberá mantener el acuerdo con el FMI, actualmente detenido, pues sin el FMI el país perdería el apoyo de la comunidad financiera internacional.

Esto hace que la actual transición gubernamental adquiera características que la convierten en única y especial.