La Procuraduría General de la República dejó preso anoche al subdirector de Migración, Víctor Soto, quien la mañana de ayer fue suspendido de sus funciones para ser investigado sobre el escándalo de los pasaportes oficiales expedidos a falsos regidores y sus familiares.

El funcionario de Migración, quien fue interrogado por más de ocho horas por los procuradores adjuntos Frank Soto y Bolívar Sánchez, se desligó de cualquier situación irregular y atribuyó su vinculación con el caso a un «error humano».

Agentes policiales trasladaron a Soto a la celda del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a las 7:40 de la noche.

Soto alegó que ayudó a una persona a adquirir unos pasajes para un grupo que viajó a Europa, atendiendo a un pedido de cooperación de un dirigente político de Azua y que desconocía cualquier irregularidad.

Investigadores de la Procuraduría General habría interrogado ayer mismo a los propietarios de la agencia donde Soto habría comprado los boletos.

Soto fue diputado durante el período 1998-2002 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Santo Domingo.

 Desde el inicio de la gestión peledeísta, Soto se desempeña como subdirector de Migración y además tenía a su cargo los departamentos de Certificaciones y de Asuntos Haitianos.

En torno a la investigación, se habría establecido que personal de Migración facilitaban la salida del país a los falsos regidores y a sus acompañantes con certificaciones de esa institución.

Soto es el tercer funcionario de nivel mencionado en el caso e investigado, pues los primeros   dos suspendidos en Migración fueron el director de Investigaciones y el encargado de la sección consular, teniente coronel Francisco Romer López y capitán retirado Eugenio Darío Díaz Fajardo, los cuales fueron ya interrogados.

En torno al caso, el director de Migración, Carlos Amarante Baret, aclaró que si los funcionarios investigados por el caso resultan inocentes, serán retornados a sus cargos.

También dijo que al final de las indagatorias se tomarán las medidas definitivas con respecto a las personas suspendidas y requeridas por parte del Ministerio Público.

«La Dirección General de Migración está abierta al escrutinio para que los que resultaren responsables de esta perversa mafia que tanto daño le ha hecho a este país, sufran las consecuencias», dijo.

El primer funcionario importante encarcelado por sus alegados vínculos con la red fue Amaury Guzmán, subsecretario técnico de la Liga Municipal, a quien la Procuraduría acusó de ser un de los cabecillas de la red. Fue liberado bajo fianza.

Los implicados en el escándalo son 33, pero es posible que ese número aumente con el paso de los días, en la medida que los procuradores adjuntos extienden las pesquisas, ya que se ha dicho que unas 90 personas viajaron con documentos irregulares.

Los pasaportes expedidos serían cientos, de acuerdo a los investigadores, para lo que alegadamente falsificaban actas de nacimiento y de  matrimonio.