Queremos la verdad

Queremos la verdad

MARIEN ARISTY CAPITÁN
Cuando llegó, siete días después de la última vez que fue a trabajar a casa, Altagracia traía consigo todo el peso de una semana en la que sobrevivir se le había hecho todavía más difícil que de costumbre: con Noel, y sus impetuosas aguas, se quedó sin su conuco y, por tanto, la tarea de comer se complicó.

Aunque no perdió su casa y tan sólo se mojaron sus pertenencias allá en Yaguate, desde no podía comunicarse para decir que estaba bien, Altagracia es una de esas tantísimas personas que no son consideradas como damnificadas a pesar de que han perdido lo más elemental: la autosuficiencia alimentaria.

Pero hay otros como Madeline, una chica de 18 años que vive en Villa Altagracia, que perdieron mucho más que sus pertenencias: a su mamá, a sus dos hermanos, a una cuñada embarazada y a un sobrino.

Tras saber lo de Madeline, ya en la noche del sábado, me entero de que al vigilante que trabaja en el edifico de mi hermana (lo siento, pero no recuerdo el nombre), se le murieron la tía y dos sobrinos que vivían en San José de Ocoa.

Poco a poco, leyendo noticias y oyendo casos de más gente que está cerca de amigos y parientes, me he ido enterando de tantas tragedias que se me hace difícil digerir los 85 fallecidos oficiales: ¿cómo, si sólo en dos casos sé de ocho, se entiende que hayan sido tan pocos?

Por donde quiera que los reporteros han ido se han percatado de que hay familias completas de las que no se sabe nada. Entonces, ¿por qué no se habla de ellas?

El silencio debe responder a que el gobierno no quiere el país sepa que los organismos de socorro carecen hasta de los más elementales equipos para alertar rápidamente a quienes viven en zonas vulnerables. La situación es tal que el lunes pasado un funcionario del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) reconoció que si viniera otro fenómeno atmosférico igual a Noel es poco lo que podría hacer la Defensa Civil para evitar la muerte de personas.

Y no podría hacer nada porque la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) necesita 3,500 radios de comunicación pero tiene menos de 300 (muchos de los que han sido adquiridos por los voluntarios con sus propios recursos); mientras que los brigadistas usan sus teléfonos personales para comunicarse, si es que tienen dinero para comprar las tarjetas de llamadas.

Por otro lado, sólo 18 provincias tienen locales de la Defensa Civil pero ni un 10% de ellos cuenta con teléfonos.

Respecto al transporte, sólo en seis provincias hay camionetas. Ese no es el caso del Distrito Nacional y otros 16 municipios, donde tienen motocicletas. Peor están en los 138 municipios restantes porque no tienen medios para trasladarse.

Es por estos motivos que, cuando a un brigadista de la región sur se le pidió el domingo 28 que avisara con urgencia a las comunidades cercanas porque tenían que desalojar sus viviendas, éste contestó que no tenía ni un peso para comprar una tarjeta y hacer las llamadas necesarias. Otro respondió que la camioneta no tenía gomas.

Más espantoso que saber eso es que el director de la CNE, Luis Luna Paulino, diga que para preparar al país para enfrentar los desastres naturales se demanda al menos un presupuesto anual de RD$600 millones.

¿Qué son RD$600 millones en un país en el que se construye un metro? ¿Cómo se le explica a la gente que por esa pequeña cantidad, porque es mínima, murieron más de 85 personas?

A partir de esta experiencia, son muchas las cosas que tenemos que replantearnos. Por ejemplo, y dejando de lado las responsabilidades, deberíamos comenzar por bajar la cabeza, pedir perdón y decir la verdad: los sobrevivientes y el país necesitan saber cuál es la dimensión de esta tragedia y por qué sucedió.

Con la verdad en la mano podremos comenzar a reconstruir el país. También a tomar en serio a esa Naturaleza que estamos destruyendo y, a la par de tomar medidas para preservarla, invertir más en la prevención que en los caprichos gubernamentales.

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