¿Y los cómplices?  Hay que presumir que la Fiscalía de Santiago, que ya incautó un avión de ocho pasajeros, una barcaza y varias armas de fuego propiedad del desaparecido piloto Adrian Basilio Jiménez Henríquez como parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público en torno a  la existencia de una mafia que se dedica al tráfico de personas,  querrá interrogar, en procura de nuevas pistas, a tres banilejos recién deportados desde los  Estados Unidos luego de ser apresados cuando intentaban ingresar de manera ilegal a territorio norteamericano, pues en noviembre del pasado año viajaron a la isla Mayaguano, próximo a las Bahamas, con Jiménez Henríquez (la misma ruta en la que desapareció junto a sus diez pasajeros), viaje por el que pagaron 15 mil dólares cada uno.

A estas alturas, sobre todo después de las incautaciones de las propiedades del piloto desaparecido y la aparición de una serie de documentos que han arrojado informaciones “muy interesantes”, no quedan dudas de su participación en el trasiego de ilegales, pero falta determinar quiénes eran sus socios y cómplices, y más que nada quiénes protegían desde las distintas esferas del poder –incluído el Congreso Nacional– sus actividades, es decir los que hicieron posible que entrara y saliera, como Pedro por su casa, del Ejército Nacional, la Marina de Guerra y el Departamento Nacional  de Investigaciones (DNI) a pesar de su extenso prontuario delictivo, o que lo ayudaron a conseguir que le fuera devuelto por trasmano un helicóptero que había sido incautado por el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo.

Las incautaciones de propiedades y otros hallazgos realizados hasta ahora son, por así decirlo, la parte más fácil de la investigación que encamina la Fiscalía de Santiago; lo verdaderamente difícil será conseguir que esas indagatorias puedan alcanzar también a los que  dirigían y protegían las operaciones de una red mafiosa en la que Jiménez Henríquez era tan solo una pieza.