POR ARTURO MARTINEZ MOYA
El “Consenso de Washington”, que desde finales de los ochenta venía diciendo que a las economías le iba mejor con presupuestos viables, inflación relativamente baja, con mercados desregulados y libre comercio, no caló en el Presidente Balaguer; no valieron las diligencias del Tesoro de los Estados Unidos y del FMI para que comenzara a privatizar las empresas de CORDE, la electricidad y todo cuando se pudiera.

El Presidente Balaguer no creía en esas “reformas neoliberales” ó como les llaman algunos economistas “reformas fundamentalistas de mercado” ó “reformas a lo Reagan y a lo Thatcher”, pensaba que era un error que se pagaría muy caro abandonar del todo las ideas estatales. Con la llegada del Presidente Leonel Fernández a la Presidencia de la República en el 1996 todo cambió, con rapidez asumió “el Consenso de Washington”, y sin consultar a sus mayores ni a sus menores en el país, sin buscar un “Consenso” entre los dominicanos, ni siquiera entre los partidos políticos, se lanzó a privatizar todo lo que encontró en su camino, los resultados de la capitalización de la energía eléctrica están ahí: en el 2006 la crisis tuvo un costo superior a los US$1,000 millones, por encima del 4% del PIB corriente, en subsidio el gobierno aportó US$600 millones y el resto por concepto de plantas de emergencia y gastos operacionales de los sectores comerciales, industriales y residenciales. El tiempo le dio la razón al Presidente Balaguer, los dominicanos hoy estamos pagado el costo de la improvisación del Presidente Fernández y del PLD.

El desconocimiento y la improvisación continuó en su nuevo mandato. No sólo no ha tratado corregir sus errores con la privatización de la energía eléctrica, en el Banco Central mete la pata hasta el extremo. La deuda, que estaba en RD$89 mil millones en agosto del 2004, a marzo del 2007 se estima en RD$180 mil millones, y la insolvencia de la entidad se estima en más de RD$200 mil millones, y todo como consecuencia de la errónea política monetaria de mantener sobrevaluado el peso comprando con deuda  cualquier cantidad de peso, también intercambiando dólares por deuda para mantener un nivel de reservas por encima de las necesidades.

Olvidó que se comprometió con el “Consenso de Washington” a mantener presupuestos viables, mercados desregulados y libre comercio, en su nuevo mandato se ha ocupado de exprimir el presupuesto de las familias y de las empresas con nuevas cargas para financiar el exceso de gastos. La falta de consistencia demuestra que nunca ha tenido un norte en la política pública, lo que necesariamente conduce a un deterioro de la gobernabilidad, no obstante la sana advertencia de que la política pública penalizaba la producción y el empleo, y que al olvidar el bienestar de los dominicanos para concentrarse en unos cuantos parámetros macroeconómicos, al final iba en detrimento de la gobernabilidad. Ahora se suma la pretensión reelecionista, en el proceso se acrecienta el desaliento hasta el punto de que no se siente la autoridad para intentar enderezar entuertos, y si se quiere una medida del deterioro de la situación, ahí se tiene el dato de Anje, los jóvenes empresarios estiman en 23.3 puntos porcentuales la caída en la confianza pública, de 112.5% en agosto del 2006 pasó a 89.2% en marzo del 2007, un derrumbe que alarma en cualquier sociedad democrática donde sus gobernantes se esfuerzan por fortalecer las instituciones, claro no es el caso  en República Dominicana, en el país se hace lo contrario cuando se habla de reelección.

El trato tenso y exclusivamente protocolar entre el Presidente Fernández y los empresarios, por una parte, y entre el mismo Presidente Fernández y la población en general, por la otra, también es consecuencia de la incoherencia en la política pública, el ejemplo más reciente se tiene en la reunión sin resultados prácticos en el Palacio Nacional con la jerarquía empresarial de Santiago; de manera directa no lo dijeron, pero quedó claro que atribuyen al sector oficial el descalabro violento del modelo de zona franca y de la economía de las empresas medianas y pequeñas. También de la consecuencia más palpable, la alta correlación entre pérdidas de empleos y el índice de criminalidad a nivel nacional. Se podría citar además la incompetencia oficial para ponerse de acuerdo con los sindicalistas y los patronos sobre un nivel de salario a nivel nacional que compense por la pérdida de poder de compra del peso, pero lo mismo sucede con los choferes, no tiene explicación que en el gobierno entero nadie tenga idea clara de lo que debe hacerse con el transporte público, aúnque con relación al metro mantengan la arenga de que: es pa lante que vamos. Nuevamente, olvidó que se comprometió con el “Consenso de Washington”.

Las zonas francas fueron responsables de sustituir el azúcar, café, cacao, tabaco y minerales, como fuentes generadoras de divisas y de empleos, además de que todos los estudios patrocinados por los organismos internacionales revelan que, cuando se descompone el crecimiento de la economía desde la década de los noventa, han sido pilares, por lo que ningún gobierno podía prescindir de ellas sin que al mismo tiempo se planteara una alternativa que por lo menos compensara el desempleo. Desde su inicio el modelo de zonas francas se apreció como una estrategia de crecimiento hacia fuera destinada a mejorar la productividad de la mano de obra y situar el nombre de República Dominicana en los mercados internacionales, como  país emergente productor de bienes industrializados, aúnque fueran de poco valor agregado; una etapa de transición de costos altos para la sociedad, me refiero a los incentivos impositivos que no fueron otorgados a otros sectores productivos (exenciones de impuestos a las importaciones, del impuesto sobre la renta a los empresarios y a las empresas, y del ITBIS), también a las facilidades de infraestructura y aduaneras.

Pero los costos tuvieron su contrapartida positiva, se crearon empleos ocupados por trabajadores de ambos sexos sin calificación, que ampliaron su conocimiento, se beneficiaron de la transferencia de tecnología, que por  simple hoy no debería despreciarse, objetivos que fueron respetados y apreciados por el Presidente Balaguer y los gobiernos perredeístas,  sin embargo, desdeñados por el Presidente Fernández y el PLD, con el agravante de que nunca han planteado una alternativa para eliminar ó reducir los costos mencionados y que al mismo tiempo preserve los empleos de bajos salarios.

El aumento de la criminalidad en todo el país, principalmente en ciudades donde las empresas de zonas francas han estado cerrando una detrás de

la otra, de manera negativa afecta las actividades económicas generales, provocando costos directos e indirectos que se combinan para quebrar otros negocios de diferentes tamaños; el aumento de la criminalidad es como una bola de nieve, que se agiganta en su desplazamiento y que arrasa con todo lo que encuentra en su trayecto; los costos indirectos, por su parte, tienen que ver con la inversión que se realiza en una seguridad mínima que no es tal porque no evita robos y fraudes, pero también con la pérdida de productividad de los trabajadores; es una realidad que pierden concentración en el trabajo y que laboran menos horas a la semana, lo que se traduce en pérdidas de competitividad de las empresas en los mercados nacional e internacional. Las pérdidas de inversiones nuevas y para ampliaciones también son costos indirectos, y cuando se suman todos se elevan a una magnitud tal que no pueden ser despreciados por ningún gobernante democrático, y mucho menos por el que pretende reelegirse, porque de ignorarlo como lo está hacienda el Presidente Fernández, termina pagándolo en las urnas. Es que entre la pretensión reelecionista de Hipólito Mejía y ahora la del Dr. Leonel Fernández no hay diferencia: la crisis de los bancos en marzo y abril del 2003, es al fallido intento de reelección de Hipólito Mejía, como la crisis en la energía eléctrica, el aumento del índice de criminalidad, la pérdida de empleos y el cierre de empresas, es a la pretensión reeleccionista del Dr. Leonel Fernández. Ambos terminarán igual, derrotados.

Hay coherencia empresarial cuando los comerciantes de Santiago de los Caballeros se suman a los del resto del país para decir que las ventas al detalle han caído 45% en los primeros tres meses del año comparadas con igual período del 2006, lo que contrasta con el anunciado aumento en la recaudación de la DGII, que sin embargo, no dice que se ha debido a los nuevos impuestos y a las regulaciones. Tampoco que el aumento de la recaudación es un comportamiento normal luego de aumentarse la carga promedio, como normal es la caída dos ó tres meses después, porque la clandestinidad aumenta. Cuando los comerciantes escriben su queja, es porque están al borde de la quiebra, y cuando eso sucede, no se debe esperar que las inversiones aumenten, es más, tampoco es necesario que se llegue a nivel de quiebra para que las inversiones nuevas y las ampliaciones no se realicen, basta con una situación de pérdida de rentabilidad. Los negocios pequeños y medianos, por lo general no tienen acceso al crédito bancario, no poseen garantía suficiente para que los bancos les otorguen financiamientos, han utilizado los beneficios acumulados para financiar tanto el capital de operaciones como las ampliaciones, pero con la caída de 45% en las ventas con rapidez están perdiendo el capital de trabajo, y las consecuencias inmediata, no hay que ser economista para saberlo, es el cierre de los negocios y un aumento del desempleo.