Quiebras bancarias afectaron instituciones básicas del país

La directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), Elena L. Brineman, afirmó ayer que los fraudes bancarios han conmovido las bases tanto de la economía como de las instituciones democráticas dominicanas, y estimó que las debilidades de las agencias reguladoras y la posible complicidad entre empresas y autoridades abarca varias administraciones.

Brineman sugirió que esos casos sean investigados a profundidad y juzgados de manera imparcial y transparente de modo que todos los dominicanos recuperen la confianza en sus instituciones, su economía y su sistema político.

Durante una exposición en el encuentro que organiza la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) sobre la Corrupción en la Economía Dominicana, Brineman aseguró que se están sufriendo los efectos de los fraudes bancarios del Intercontinental (BANINTER), Nacional de Crédito (BANCREDITO) y otras entidades financieras “y no necesitan oír que hay estudios para probar que la corrupción tiene un impacto negativo sobre la economía, ni que la interacción entre el gobierno y los negocios a menudo no es transparente ni responsable”.

Consideró que cuando el capital empresarial o los fondos públicos se desplazan hacia transacciones no económicas, por ejemplo, sobornos o pagos del gobierno para cubrir pérdidas en casos de fraude financiero, se detiene el crecimiento económico.

Dijo que la corrupción distorsiona los incentivos al crecimiento al descarrilar a los productores de bienes y servicios más eficientes y efectivos.

“La ventaja que el sobornador recibe no está basada en el valor que trae el mercado, sino en las conexiones políticas y la habilidad de engrasar las ruedas de las decisiones políticas. Queda claro que es más difícil competir efectivamente en una economía global abierta que cuando un negocio tiene que funcionar en un ambiente corrupto, particularmente donde exista la complicidad entre el gobierno y las empresas”, subrayó.

Brineman habló en el encuentro antes que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, presentara sus propuestas anticorrupción, en el encuentro en el hotel Jaragua.

Dijo que el informe Global de Competitividad categoriza a los países bajo el criterio de su competitividad económica, basado en las respuestas que dan los empresarios y ejecutivos destacados a una serie de preguntas sobre el ambiente en que trabajan y en relación a la pregunta sobre pagos extra o sobornos ligados a influir en leyes y políticas, reglamentos o decretos, la República Dominicana quedó en el puesto 90 de 102 países, un poco mejor que Bangladesh, pero peor que Nigeria, Panamá, Nicaragua y Venezuela “todos, países infames por su corrupción”.

Planteó que un cúmulo creciente de estudios académicos durante la década pasada establece el fuerte vínculo entre el impacto negativo de la corrupción y la tasa de crecimiento económico de una nación.

Consideró que es un reto enorme luchar contra la corrupción y la complicidad entre el gobierno y el sector privado.

Entiende que para que la corrupción no marque los tratos entre empresa y gobierno, y que se pueda recuperar la fe perdida en sus instituciones democráticas es indispensable un nuevo enfoque en las medidas que aseguren instituciones gubernamentales reguladoras transparentes y responsables, el apego al estado de derecho y la competencia justa sin prerrogativas.

“Esto requiere de justicia fuerte, independiente y competente, así como la vigilancia de la sociedad civil para garantizar la buena gobernabilidad”, subrayó.

Dijo que reformas legales e institucionales recientes son los primeros pasos prometedores, tales como el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, el que está diseñado para asegurar la selección de fiscales bajo criterios de mérito y no de política; así como la promulgación de la Ley de Libertad de Información, la promulgación de la Ley de Cámara de Cuentas, el establecimiento de la Oficina de la Defensa Pública, y el apoyo que ésta ha recibido del poder Judicial.

“El Congreso y el Ejecutivo han dado pasos durante los últimos dos años para que el presupuesto público sea más transparente y orientado a resultados, para reducir el tamaño y el alcance de la infame Cuenta 1401, y para implementar un sistema integrado de administración de las finanzas públicas. Los casos de fraude bancario con alta visibilidad, como el caso de BANINTER y BANCREDITO siguen bajo investigación”, indicó.

Aseguró que el próximo presidente de la República enfrentará el reto de una crisis financiera, pero más aún el reto de una crisis de confianza y dijo que espera que la USAID continúe su trabajo de apoyo en la lucha por garantizar unas instituciones públicas honestas, competentes y orientadas a la ciudadanía en la República Dominicana.

Brinenman durante su intervención dijo que la embajada de los Estados Unidos se siente orgullosa de trabajar con FINJUS, a través de la USAID, en el patrocinio del evento, ya que creen que la buena gobernabilidad es vital para una democracia y economía sólida.

Expresó que dentro de su programa en la República Dominicana alientan la buena gobernabilidad y la transparencia, así como la fortaleza de los mecanismos e instituciones para luchar contra la corrupción.

Indicó que un cúmulo creciente de estudios académicos durante la década pasada establece el fuerte vínculo entre el impacto negativo de la corrupción y la tasa de crecimiento económico.