Hace dos semanas, en este mismo espacio, citábamos dos recomendaciones muy importantes sobre la terminación de las plantas de carbón de Punta Catalina que hizo la comisión que presidió Monseñor Agripino Núñez Collado. Ellos advirtieron que tanto a nivel del consorcio constructor como de la propia CDEEE existe la noción de que había que negociar un addendum al contrato, aumentando el costo de la obra por encima de lo contratado, pues se había atrasado su ejecución en por lo menos un año y eso se había debido a atrasos en la entrega de dinero por parte del gobierno. La comisión fue de opinión de que tal atraso en los pagos no había ocurrido, por lo que no procedía ese costo adicional, más tratándose de un contrato “llave en mano”. Además, la comisión opinó que el gobierno tenía el derecho a pedir dinero al consorcio por los daños que sufrirá por el atraso en la entrega de la obra.
En ese artículo enfaticé que las funciones de la comisión habían terminado y que esas recomendaciones, entre otras, podrían quedar en el aire, a pesar de que el Ministro Peralta había declarado que el gobierno aceptaba todas las recomendaciones de la comisión. Una semana después el gobierno nombró, por decreto, a Jaime Aristy Escuder, quien fue miembro de esa comisión, como administrador general de Punta Catalina, pero estará bajo la dependencia de la CDEEE. El decreto cita el propósito de dar seguimiento a las recomendaciones de la comisión, al incorporar a uno de sus miembros a la dirigencia de la planta. ¿Podrá Aristy Escuder imponer las recomendaciones de la comisión a la resistencia de la CDEEE? Lo dudamos mucho. Lo que procede es que el presidente Medina nombre, temporalmente, hasta que las plantas estén inauguradas, a todos los miembros de la comisión en el Consejo de Administración de la empresa que se habrá de constituir para que sea dueña de las dos plantas, apoyando así la comisión a Aristy Escuder. Mensualmente harían público un reporte sobre cómo progresa el proyecto y sus dificultades.
Y es que hay muchas decisiones importantes que tomar antes de que la planta entre a operar:
1. Negociar con el consorcio el no pago de fondos adicionales y más bien recibir compensación por el atraso.
2. Adjudicar la administración técnica de la planta a una empresa extranjera no ligada a los generadores existentes. Existe el precedente de que cuando el Estado compró las acciones de la Shell en la refinería de petróleo su nómina aumentó de 700 a 2,000 “compañeritos”, lo que bien podría ocurrir en Catalina.
3. Adjudicar los contratos para la compra de carbón y otros insumos.
4. Constituir la compañía dueña de las plantas y nombrar su auditor externo. Las tres Edes no cuentan con estados auditados, por ejemplo, como tampoco la CDEEE.
5. Sugerir al gobierno la posible venta de más de un 50% de las acciones de esa empresa a un sector privado no ligado a los actuales generadores, una vez se haya establecido la política bajo la cual esas plantas venderán a las Edes. Terminado el Acuerdo de Madrid eso implica licitaciones a precios fijos, como las ganadas por AES e Itabo, o comprar en el mercado spot. De esa forma los dueños privados no podrían abusar de su posición como importantes ofertantes de energía.
Leonel Fernández vendió al sector privado la mitad de las acciones de las generadoras Haina e Itabo y privatizó a las distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeste. Hipólito Mejía estatizó a esas tres distribuidoras y Danilo Medina, a pesar de que en su discurso de toma de posesión prometió reducir la proporción de las ventas de las edes que no se cobran, no lo ha logrado. Una tercera parte de sus ventas todavía no se cobran. Además, al construir Catalina, una tercera parte de toda la generación será estatal. Un sistema energético donde toda la distribución es estatal y una alta proporción de la generación también, no funcionará. Ya tenemos la experiencia de los doce ingenios del CEA y de las veintidós empresas de Corde.