El Gobierno central se ha mantenido ajeno a los problemas que afectan la disposición de la basura de los municipios de la provincia Santo Domingo. No ha reaccionado, a pesar de que la amenaza sanitaria  que afecta estas demarcaciones trasciende las fronteras y autoridad municipales. Pasa por alto que muchas de  las dificultades provienen del hecho de que la empresa que opera el vertedero de Duquesa no tiene los equipos necesarios y no invierte para adquirirlos.

Plutarco Jáquez, secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, afirma que los municipios de la provincia pagan a la firma que opera Duquesa  más de cien millones de pesos por año para el procesamiento de 5,000 toneladas de basura que se depositan diariamente en el vertedero. Y afirma también que los inconvenientes tienen su origen en la falta de inversión en equipos por parte de la empresa.

  La Presidencia ha intervenido para reparar la vía de acceso al vertedero, en circunstancias en que la falta de acceso a Duquesa ha convertido los municipios en vertederos y los ha colocado en riesgo sanitario. Esta vez no se trata de la carretera que  llega al vertedero, sino de que no hay eficiencia en la operación del mismo. Los municipios han logrado recoger parte de la basura acumulada, pero el cuello de botella continúa siendo la deficiente operación de Duquesa.

Disciplina para la UASD

Las autoridades de la UASD, con el rector a la cabeza, han expresado su repulsa por las manifestaciones violentas. Han expuesto su oposición a esos métodos cuantas veces grupitos de revoltosos encapuchados han puesto la nota violenta bajo cualquier pretexto. La más reciente de estas movilizaciones dejó como balance más de una decena de heridos, entre civiles y policías, y a eso hay que añadir la zozobra para las familias que residen en el entorno.

Las autoridades universitarias deberían afianzar más su posición de rechazo a estos métodos. Los grupúsculos que desencadenan la violencia tienen que ser sometidos a la disciplina. Si se trata de estudiantes, aplicarles sanciones que puedan llegar hasta la expulsión definitiva. Y si se trata de extraños infiltrados en la academia, tratar de ponerlos en manos de la Justicia. Lo que no se debe permitir es que sigan impunes los que protagonizan  estos desórdenes.