Balaguer estaba muy interesado en conocer la evolución de Pablo Rafael Casimiro Castro, gravemente ingresado en el hospital “Gorgas”, de Panamá, después de haber sido víctima de un atentado en Santo Domingo. Así lo consignó Fernando Amiama Tio, secretario de Relaciones Exteriores, en una nota al margen del Informe de Leopoldo Pérez Sánchez, embajador en aquella nación, que remitió al canciller el reporte del “doctor Hidalgo”, quien atendía al entonces senador por Pedernales y a su chofer Manuel Matos Ferreras que lo acompañaba cuando ocurrió el hecho el 4 de mayo de 1967.
Sin embargo, pese a la supuesta preocupación del mandatario y a pesar de otros memorándums respecto a la salud del político, no se encontró resultado de alguna investigación en torno al caso.
Lo que aparece es un Informe Confidencial del 27 de abril, firmado por Leandro Lépido Lozada Grullón, subsecretario de Interior y Policía, dirigido a Balaguer, en el que dice anexarle dos telegramas, uno del inspector de Educación y otro de la gobernadora civil de Pedernales sobre unas declaraciones del senador previas al suceso. Los adjuntos no se encuentran en la misiva.
El texto expresa que está “referido para su elevado conocimiento y fines que estime de lugar, en relación con el incidente ocurrido en el ayuntamiento de Pedernales, con motivo de los pronunciamientos del senador Pablo Rafael Casimiro Castro, a que se contraen los telegramas anexos”.
A Juan Esteban Pérez Guillén lo que le inquietaba, en cambio, era que no se izara la bandera en el ayuntamiento del municipio desde que este resultó herido.
A Pérez y Pérez lo que le llamaba la atención era que jóvenes de ese lugar viajaran a la Capital con el fin de saber el estado del funcionario y así se lo transmitió a Balaguer.
Lo único claro en toda la información relacionada con Castro es el extenso boletín del médico panameño.
“El estado de los pacientes es de cuidado. Todavía están en la lista de enfermos graves. A pesar de que hablan con normalidad cuando se les conversa, a veces dicen cosas sin sentido, principalmente el senador Casimiro Castro, que es el más grave de los dos”.
Agrega que salvo que ocurriera alguna reacción negativa imprevista, como por ejemplo falla en el corazón, “su curación es probable. Sin embargo, el senador es casi seguro que pierda uno de sus brazos porque las quemaduras han sido tan profundas que es difícil que pueda recuperarse. Algo parecido sucede al señor Mota (sic), que tiene una de sus piernas tan quemada que es posible que haya que cortársela”.
“Habrá necesidad de injertarles muchos tejidos, lo que también les causará muchos sufrimientos debiendo ser trasladados con mucho cuidado porque puede afectarle el hígado la inyección de morfina necesaria para mantenerlos anestesiados mientras se les atiende”.
Al vehículo de Casimiro le lanzaron una bomba de fósforo blanco cuando junto a su chofer transitaba por la calle Padre Billini. Posteriormente fue operado en Cuba.
Culpan a la derecha.
Aunque el teniente coronel Usino Osvaldo Guzmán Liriano, oficial de inteligencia, atribuía los actos terroristas al PRD, el PCD, el MPD y el 1J4 “para mantener el Gobierno en zozobra con la finalidad de derrocarlo”, otros altos militares aseguraban al Presidente que tras estos estaba la derecha.
En la casa de Luis Manuel Cepeda, director de Telecomunicaciones, desconocidos hicieron estallar una granada de fragmentación que lo hirió gravemente junto a Ramón Rodríguez y Félix Ramos. Por otro lado, el jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, comodoro Ramón Emilio Jiménez hijo, envió un memorándum a Pérez y Pérez comunicándole el fallecimiento de Miguel A. Fontana, en el batey Higüeral, del Central Romana, “por efecto de una explosión” presumiendo que él mismo se había causado la muerte pues “fabricaba bombas clandestinas”.
A Enrique Antonio Rodríguez lo atraparon en San Cristóbal por haberlo sorprendido colocando una bomba molotov en el liceo “Francisco J. Peynado”, y en la residencia de Rafael Valentín Peña, en la calle Padre Billini, estalló otra.
Aliro Paulino, director de Bellas Artes, no resultó lesionado cuando el 21 de abril dispararon a su vehículo mientras visitaba el Centro Libanés, frente al parque Independencia.
En estos expedientes merecieron continuos intercambios de correspondencia entre Balaguer y sus jefes militares, además, el atentado a Stewart Sterns, profesor del colegio Carol Morgan; una granada lanzada a Rafael Emilio Arias Mota, juez de La Romana; los disparos al capitán Antonio María de Lima Meriño, todos estando en sus viviendas.
Los más extensos fueron los que investigaban quién autorizó a que fueran fotografiados en La Victoria “los reclusos Augusto César Aristy Melo, Jesús María Aristy Melo y Pablo de Jesús Arias”, los dos primeros “acusados de haberles lanzado una granada” a Stearns. Estos fueron entrevistados por reporteros de Radio Comercial y El Nacional.
Otro es el que informa que Carlos Jáquez Olivero, comandante del Quinto Batallón del Ejército Nacional con asiento en Santiago, comunicó que una patrulla mixta compuesta por miembros del ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, encabezada por los coroneles Luis Ney Tejeda Álvarez, Bolívar Soto Montás y él, encontraron en la finca de la Sucesión Hermanos Castillo, representada por Carlos Castillo, “quien se encuentra prófugo”, fusiles, carabinas, granadas de mano, cargadores para carabinas, cápsulas, espoletas, cerrojos, folletos y literatura comunistas.
Víctor Hidalgo Justo, secretario de Educación, envió otro a Balaguer proponiendo soluciones a las movilizaciones en los liceos secundarios “a no ser que se decretara el cierre de estos planteles docentes”. Los demás son informes militares que coinciden al afirmar que la derecha era la causante del terror imperante.
El ocho de mayo, Jorge Valderas (sic), jefe del Servicio Secreto escribió que “en opinión de la facción Fragua, la Unión Cívica Nacional está llevando a cabo el 98 por ciento de los atentados terrorísticos con el fin de crear un clima sumamente grave al Gobierno y obligar a que se produzca un Golpe de Estado asumiendo luego el poder una Junta militar la que sería absorbida por la UCN que en días recientes comenzó a atacar públicamente y luego silenció para operar sus planes en secreto”.
Y el otro se lo envió el jefe de la Policía Nacional, Ramón a Soto Echavarría el día 12 para decirle que “elementos de la extrema derecha preparan secuestros contra elementos de la extrema izquierda para crearle problemas a su gobierno y lograr apoyo de ambos bandos ideológicos”.
“El plan está en vigor y se proponen ponerlo en práctica muy pronto”, dice. Y añade: “El preludio de esto es una reorganización a escala nacional que está llevando a cabo la Unión Cívica Nacional, agrupación esta que sustenta tesis irreconciliable con el actual Gobierno”.