El gobierno y particularmente los diseñadores de las políticas económicas y fiscales deben caer en la cuenta de que ellos trabajan para la sociedad y que, por lo tanto, los ciudadanos y los ciudadanos tienen el derecho de participar en la discusión pública de las cuestiones que les atañen directamente.

Creo que todos los ciudadanos y ciudadanas conocemos y reconocemos la capacidad de los funcionarios y asesores del ministerio de Finanzas, del Secretariado Técnico de la Presidencia, de la Secretaría de Industria y Comercio, de la Junta Monetaria y del Banco Central de la República, pero aún así la democracia obliga a la publicidad de las ideas, al conocimiento de las propuestas y al derecho a rechazar lo que se considere inadecuado.

Estamos hablando del ritual que se sigue en las democracias al estilo occidental. En las dictaduras no, en las dictaduras es otra cosa. Por experiencia propia y por lecturas y viajes los dominicanos conocen que en las dictaduras, de derechas o de izquierdas, la participación ciudadana es impensable, la opinión pública no existe y solo prevalecen las ideas y los mandatos de quienes están en la cima del poder.

Por suerte, no vivimos en dictadura. Es cierto que subsisten rasgos notables de la que nos gobernó desde 1930 hasta 1961, pero también es cierto que los dominicanos llevan casi 42 años desplegando grandes y permanentes esfuerzos para desterrar de la vida cotidiana y del comportamiento político los elementos que se entienden propios de la cultura trujillista.

Pues bien, los diseñadores de las políticas económicas y fiscales han estado, desde hace meses, discutiendo con técnicos del Fondo Monetario Internacional un acuerdo stand-by que sustituya el suscrito en meses pasados y que fue declarado inexistente cuando el gobierno, procediendo al margen de los topes establecidos por el convenio, readquirió las distribuidoras de electricidad capitalizadas por la empresa española Unión FENOSA. Este nuevo acuerdo tiene implicaciones económicas que se extenderán por toda la sociedad durante un período de dos años.

Al mismo tiempo y bajo criterios similares, los diseñadores y planificadores de políticas económicas del gobierno han elaborado un proyecto de Presupuesto Nacional que obliga a introducir cambios fiscales aparentemente importante. Es decir, hay decisiones que afectan los bolsillos de los consumidores y de los empresarios.

Sin embargo, la ciudadanía no ha sido debidamente informada de las medidas discutidas y aprobadas por nuestros competentes negociadores gubernamentales. Ni siquiera ahora, cuando el proyecto de Presupuesto Nacional fue depositado en el Senado y se pide a los congresistas una rápida aprobación del mismo y de los cambios fiscales considerados, ha habido oportunidad de explicarle a la población, de manera formal, los cambios que habrá y las premisas que están detrás de los mismos.

En democracia, este no es un procedimiento correcto, por más apurado que esté el gobierno y sus economistas. Por lo tanto, ni los congresistas –senadores y diputados– ni los ciudadanos y ciudadanas tienen la obligación de aprobar nada hasta que no se conozcan los detalles y sus alcances.

Tradicionalmente, el Poder Ejecutivo ha querido que el Congreso Nacional apruebe sus iniciativas con la celeridad del rayo, siempre sobre la base de que hay urgencias que no pueden esperar. Sin importarle, además, que la ciudadanía conozco o no los detalles de esas iniciativas. Es más, se tiene la creencia de que los ciudadanos no tienen por qué conocer los detalles de las decisiones del gobierno. Es claro que este no es un razonamiento propio de la democracia, sino que se corresponde con una cultura dictatorial o autoritaria.

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a saber qué se pactó con el Fondo Monetario Internacional y dar sus pareceres y opiniones sobre lo pactado, y decir si consideran o no que son las medidas adecuadas para enfrentar la crisis económica y financiera que sacuden a los dominicanos.

Porque en la sociedad hay una riqueza de puntos de vista y de opiniones que proceden de los individuos y de los grupos organizados. Los economistas y las universidades tienen derecho a opinar, los sindicatos y las asociaciones empresariales, las iglesias y los especialistas en temas fiscales, etcétera. Cada uno de estos sectores representa escuelas de pensamientos e intereses que son legítimos y reconocidos en toda sociedad democrática.

Esta participación está llamada a suplir los asuntos y cuestiones que los técnicos del gobierno no toman en cuenta en sus negociaciones, cálculos, proyecciones y premisas. Porque contrario a lo que consignan los textos de ciencias políticas, la realidad de todos los días indica que en estos países el Estado y el gobierno que lo administra suelen representan los intereses de los políticos que los usufructúan, y no los de los ciudadanos.

Ojalà, pues, que los señores funcionarios de Finanzas, del Secretariado Técnico de la Presidencia y del Banco Central de la República se dediquen a explicar a la población los pormenores y alcances del acuerdo con el FMI y los detalles del proyecto de ingresos y ley de gastos públicos depositado en el Senado de la República. Sin que les importe mucho el tiempo.