El brote del cólera que se inició en nuestra isla en la vecina República de Haití, afectando un gran número de habitantes de ese empobrecido y golpeado país, que ha tenido que agregar esta grave epidemia al devastador terremoto que en enero de 2010 cobró las vidas de más de doscientos mil personas, no es un caso fortuito como inicialmente las autoridades gubernamentales y las tropas de la Minustah de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quisieron demostrar.

Después de columbrar el origen del brote de cólera, los análisis revelaron que los soldados de Nepal, componentes de las fuerzas militares de la ONU para mantener el orden en la convulsionada República, vertieron inmundicias compuestas por la defecación acumulada en inodoros improvisados, en las aguas del río Artibonito. Dichos detritus contenían la cepa asiática del cólera, la cual contaminó a aquellos ciudadanos que utilizaron esas aguas para bañarse e inclusive para tomarla.

No obstante la asistencia y los medicamentos suministrados por el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, cuyo ministro doctor Bautista Rojas, en un gesto enaltecedor se trasladó al vecino país, la eclosión no se hizo esperar y en pocas semanas, a pesar del cordón sanitario que se estableció, nuestro país reportó los primeros casos de cólera. En Haití, ya los muertos llegan a cuatro dígitos y en nuestro país también sigue creciendo el número de personas que están contaminadas, muchas de ellas, ignorando que han sido infectadas hasta que, cuando se le dictamina, desgraciadamente ha sido muy tarde para su curación y han muerto.

Entonces, la pregunta obligada es: ¿Quién debe pagar por este enorme perjuicio gratuito ocasionado a los habitantes de la isla Hispaniola? Si como se ha demostrado de manera fehaciente, fueron las tropas tibetanas al servicio de la ONU las que infectaron, en primer lugar a los haitianos y después a los dominicanos ¿no es lógico que la ONU deba asumir el pago de todos los gastos médicos y de medicamentos e inclusive compensar o indemnizar a los familiares de los fallecidos por la proliferación de tan grave epidemia, aunque la misma haya sido diseminada de manera involuntaria a otro país que en nada se ha beneficiado de su intervención humanitaria.

Existe un principio jurídico incuestionable que expresa: Todo aquel que causa un perjuicio o daño a otro, está obligado a repararlo. De ese modo, la ONU, aunque su misión tiene un carácter solidario, no por eso está exenta de responsabilidad directa de lo que ejecute o realice el personal a su cargo. En tal virtud, somos de opinión, que tanto el Gobierno Haitiano, como el Dominicano, pueden llevar ante la Corte Internacional de Justicia el pedimento de resarcimiento por todos los males causados a familias que han visto cómo se ha desmembrado las mismas por causa del cólera aportado por soldados al servicio de la ONU.

Debemos mencionar que esta epidemia ha perjudicado directamente nuestro turismo. Recordemos el caso de los venezolanos, norteamericanos, españoles y dominicanos que se contaminaron en la boda que se celebró en el afamado emporio de Casa de Campo en La Romana.

La ONU, cuyo personal civil y tropas son solicitadas en casos de desastres o emergencias, al participar en esas labores deberán en un futuro tomar todas las precauciones de lugar y efectuar análisis de todo tipo al colectivo destinado a realizar una tarea en un país determinado para evitar lo que ocurrió directamente en Haití y por carambola en la República Dominicana. En manos de los funcionarios gubernamentales de ambos países, quienes tienen la obligación de velar por la salud de sus respectivos pueblos está el pandero, que actúen pues en consecuencia, debiéndose tener en cuenta los casos futuros, ya que todavía la epidemia no ha sido erradicada.