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El 9 de julio de 1988 escribimos en esta columna: “A través de la historia de la República los programas de gobierno de los candidatos a las elecciones y en los cuales el electorado cifra sus esperanzas de mejoría y manifiesta sus simpatías mediante el voto que depositan en las urnas, por lo cual sale electo el mejor de los candidatos, no es rigurosamente implementado, la mayoría de las veces, o dicho programa es descartado y sobre la marcha el Gobierno va desarrollando algo que se parece a lo planeado, pero que no satisface las expectativas del pueblo y por tanto la realidad difiere de las promesas electorales y como consecuencia de la inconformidad y frustración se apodera de la nación y como secuela la violencia aparece en las calles”.
En todo proceso electoral el ciudadano tiene que ir al sufragio seguro de sus propias convicciones, teniendo en cuenta el grado de seriedad y moralidad de los candidatos. Todos los ciudadanos debemos prepararnos para el día de las elecciones y tomar con tiempo nuestras propias decisiones según el conocimiento que tengamos de los planteamientos de los dirigentes políticos y los candidatos, pero sería conveniente que antes de la llegada de ese importante acontecimiento nacional, la JCE aclarara a la ciudadanía y a los aspirantes que ellos no son propietarios de los cargos, sino los partidos que los postulan. Además sería conveniente que la Ley Electoral fijara una subvención a los partidos debidamente inscriptos que concurran elecciones, que no se retiren a última hora y que vayan con candidatos propios en todo el país. Los que no puedan llenar estos requisitos no recibirían subvención, ni exoneraciones y si se retiran durante o el mismo el día del proceso sus dirigentes deberán devolver los recursos recibidos para la campaña y de no hacerlo, ser sancionados por la ley.