JUAN BOLIVAR DIAZ
Si algo ha quedado absolutamente claro en el proceso de aprobación del paquete de reformas tributarias -no reforma fiscal- que entró en vigencia con este mes de octubre, es la orfandad de los asalariados dominicanos, sin el menor instrumento de presión para hacer valer sus derechos y necesidades.

Casi todos los sectores de poder lograron reducir al mínimo el impacto de las reformas originalmente planteadas y los aumentos impositivos se concentraron en alrededor del 90 por ciento sobre el consumo, casi nada a la renta y la propiedad, regresivos, en el lenguaje de los organismos internacionales referente a la distribución del ingreso.

Las zonas francas fueron las más dichosas, que ni siquiera fueron amenazadas y no tuvieron que hacer ninguna inversión para evadir el temporal. Seguirán sin pagar ni siquiera sobre la renta de sus propietarios.

El sector turístico se libró en temprana negociación cuando el doctor Leonel Fernández era solo presidente electo. En territorio español se acordó quitarle el 5 por ciento a las habitaciones hoteleras que figuraba como impuesto adicional en el proyecto original del partido de gobierno.

Después los banqueros consiguieron lo suyo: que no se gravaran los intereses devengados por depósitos bancarios y certificados financieros. Se lo traspasaron a la emisión de cheques, a razón de 1.5 por mil.

El sector de los medios de comunicación no se quedó atrás y logró que a la publicidad se le aplique el aumento del Itebis al 16 por ciento en tres plazos. Seguirá con la tasa privilegiada del 6 por ciento hasta el 31 de diciembre próximo, cuando pasará al 10 por ciento hasta final del 2005, para arribar al 16 por ciento desde cuando se inicie el 2006. Se salvó de otro 10 por ciento que originalmente se planteó como impuesto selectivo a la publicidad.

Hasta las líneas aéreas y agencias de viaje tuvieron poder persuasivo y consiguieron evitar el 15 por ciento que originalmente se proponía como aumento de impuesto a los pasajes aéreos.

Y como para sellar con broche de oro, políticos y legisladores se pusieron de acuerdo para introducir de contrabando en la ley de reformas tributarias una protección al sector azucarero gravando con un 25 por ciento los productos que se elaboren en el país con siropes de maíz, en base a un tratado de libre comercio que todavía no es ley y cuyos efectos negativos se sentirían dentro de años. Es decir que este sector sacó beneficios en vez de ser gravado.

Quienes no lograron ser escuchados ni en lo más mínimo fueron los integrantes de esa inmensa legión  que son los asalariados, pensionados y gente que vive de una renta fija, los cuales verán reducirse aún más el poder adquisitivo que la crisis financiera originada en los fraudes bancarios redujo a menos de la mitad en los últimos 18 meses.

El salario mínimo mayor seguirá en 4 mil 900 pesos, aunque la canasta familiar ya en agosto pasado costaba 15 mil 605 pesos, según las estimaciones oficiales. Estas reformas la elevarán sobre los 16 mil y seguirá ascendiendo para los que dejarán de ser subsidiados en el gas propano y la electricidad.

Algunos generosos dirán que los asalariados que no pierdan su empleo, por los efectos recesivos de las reformas serán dichosos y deben dar gracias a Dios, al capital, a las autoridades y hasta a los legisladores.

El presidente Leonel Fernández dijo desde el principio que por ahora nada de aumento salarial, que los beneficios venderán con la recuperación del valor del peso. Dirigentes y legisladores de los partidos de oposición plantearon inicialmente un reajuste salarial, pero quedaron deslumbrados luego con los reclamos de los azucareros, que desplazaron su atención al problema del hipotético TLC.

En fin, que los asalariados quedaron si nadie que los defienda. Porque de lo que fue el poder de negociación sindical, ya no queda más que el recuerdo en esta era postguerra fría en que los ricos –países e individuos- son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, sin recurso de apelación.

Lo que nadie puede vaticinar es dónde podrá desembocar esta situación de grave injusticia. Ni en qué medida repercutirá sobre el descreimiento en las instituciones democráticas como mecanismos de justicia y equidad. Tampoco cómo esta injusticia se traducirá en mayores niveles de delincuencia, en protestas sociales y en inseguridad.-