Hemos leído en la prensa y escuchado en las noticias del conflicto suscitado entre el Seguro Nacional de Salud –SENASA- y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas –ANDECLIP- a raíz del aumento del 14% de la tarifa de las clínicas a los asegurados del SENASA, conflicto éste pospuesto provisionalmente más bien con fines político.

Este problema atenta contra la supervivencia de la Seguridad Social, principalmente para la población de menores ingresos, y contra el sostenimiento económico de las clínicas privadas al no aumentar la tarifa, como entes comerciales con fines de lucro, debido al paquetazo fiscal; el aumento del 8% de la tarifa eléctrica; el aumento progresivo de los combustibles necesarios para los generadores auxiliares por falta de continuidad del suministro eléctrico, aumento de medicamentos y pago de vigilantes de seguridad, por la inseguridad ciudadana que estamos viviendo, dentro de otros factores.

Si el Gobierno Central y el Ministerio de Salud Pública hubieran cumplido con las leyes General de Salud y de Seguridad Social, 42-01 y 87-01, respectivamente, este conflicto entre SENASA y ANDECLIP no existiría.

Las violaciones de las leyes citadas en los artículos 12, 160 y 167 señalan cómo los hospitales públicos deberían estar funcionando en la actualidad a través de las redes de servicios públicos descentralizados, gestionados por Consejos de Administración y personería jurídica propia. Además, con presupuesto por capitación y no con presupuesto histórico a la oferta propio del Código Trujillo de Salud ya derogado.

El SENASA debió haber asegurado al 70% de la población aproximadamente, es decir a siete millones de dominicanas y dominicanos; debió haber realizado acuerdos con las redes públicas de atención  y pagar por capitación de acuerdo a la cantidad de beneficiarios; el personal de los hospitales tendría salarios básicos dignos e incentivos por resultados y reacondicionaran el servicio de hotelería de los mismos. Entiéndase, la remodelación de habitaciones de una, dos y tres camas, tal y como lo ofrecen las clínicas privadas. De ese modo no hubiera diferencia en la calidad de los servicios de salud entre el sector público y el privado, porque los pobres también tienen derecho a servicios de calidad con dignidad.

Pregúntese amiga o amigo lector ¿hay diferencia en la capacidad, comportamiento y experiencia de un cirujano, neurocirujano, cardiólogo o cualquier otro facultativo que trabaje en el sector público en la mañana y el mismo especialista o médico general que trabaje en la tarde en una clínica privada? ¿Cuál es la diferencia para ir al mismo médico en el hospital público o a la clínica privada? Sencillamente la comodidad hotelera que brindan estas últimas.

Entonces, si queremos que el Sistema Dominicano de Seguridad Social se fortalezca, si queremos que el per cápita de la Seguridad Social sea de un monto razonable al nivel de la economía del país, entre otras, tenemos que reforzar los hospitales públicos que en las grandes ciudades también son universitarios, mediante una economía de escala para abaratar los costos de atención al igual que funciona en los países desarrollados o en nuestra propia capital en la Plaza de la Salud y CEDIMAT. Este fortalecimiento debe efectuarse primordialmente con los afiliados del SENASA, pero esta administración ha desvirtuado el objetivo y la misión del mismo.

El gobierno del PLD no cree en la salud del pueblo dominicano, muestra de ello es que ha ido disminuyendo el presupuesto de salud, desde el 2% del PIB a 1.2% y en estos días le ha dado el tiro de gracia en medio de la epidemia de cólera donde señalan la disminución del presupuesto actual en más de dos mil doscientos millones de pesos.

Pero al parecer a ellos no les importa, pues es pa’trá que vamos.