Hugo Beras Goico es el director del  Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Desde hace días esa institución está en el ojo del huracán tras denuncia de irregularidades en una licitación para dotar de nuevos semáforos al Gran Santo Domingo.

Y es que el pasado lunes 30 de octubre la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) dio a conocer la suspensión del contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore LATAM, S.R.L para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo tras encontrar indicios de irregularidades en el proceso de licitación llevado a cabo para tales fines.

En ese momento, Compras y Contrataciones Públicas detalló que tras analizar los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001 que consta en el Portal Transaccional y verificar los documentos recopilados con ocasión de los reclamos y denuncias presentados ante el órgano rector se constató la existencia de los tres elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio.

Hugo Beras

Pero, ¿quién es Hugo Beras, el Director del Intrant? Se trata de un comunicador, empresario y político. Nació en la ciudad de Santo Domingo el 29 de diciembre de 1978 y estudió Mercadotecnia en la Universidad Católica de Santo Domingo.

En el plano político y profesional, en los últimos 19 años ha trabajado en diversos proyectos en el país y a nivel internacional, para el desarrollo del tránsito, transporte y movilidad. Dentro de estos proyectos se encuentran el proceso de transformación vial del Distrito Nacional, la actualización del parque vehicular y el reordenamiento del transporte del país.

Es un destacado conocedor del mundo vehicular y pionero del mismo en los medios de comunicación, siendo el primero que llevó a la radio un programa sobre autos.

Fungió como Secretario General de la Alcaldía del Distrito Nacional, y luego pasó a ser Director Ejecutivo del Gabinete de Transporte del Gobierno del presidente Luis Abinader.

A través del Decreto 414-22, fue designado como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

Carlos Pimental, Director de Compras y Contrataciones Públicas.

Casi lloró

En una de sus más recientes participaciones públicas, Hugo Beras casi lloró ante lo que denominó el “morbo” que ha generado la licitación del contrato suscrito para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo por un monto de RD$1,317 millones 350 mil 997, suspendido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Durante una llamada telefónica en el programa «El Sol de la Mañana«, el funcionario aseguró que las “decisiones y sacrificios” tomadas en el Intrant, son adversas.

“Yo me siento muy claro de que todo se ha hecho de manera correcta, yo no creo que aquí haya un tema personal (…) yo tengo una hija de 13 años que te cuestiona, tu entiendes”, expresó Hugo Beras.

Agregó que a la empresa contratada que licitó los semáforos inteligentes, le han pagado un 20% de lo acordado.

Dijo esperar que la DGCP reconsidere la decisión transitoria, luego de haberle entregado otras documentaciones que avalan la transparencia del proceso, donde el único beneficiario es el pueblo dominicano.

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Sobre el INTRANT

El origen del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), obedece en primer lugar a la necesidad histórica de reorganizar el transporte terrestre y tránsito sobre la base de políticas estratégicas en materia de movilidad y seguridad vial adecuadas para la República Dominicana. En segundo lugar, es el fruto de grandes esfuerzos de diversas instituciones a lo largo de más de 40 años por dar respuesta a los problemas del sector.

La Ley 63-17, que crea el INTRANT, fue aprobada tras cinco años de debate del proyecto en la Cámara de Diputados y cerca de 10 años de estudios y consultas. Tras esos años en el Congreso, pasando por varias legislaturas, el  proyecto fue colocado como prioritario por la Presidencia de la República, en la legislatura del año 2017 alcanzando el respaldo unánime de la matrícula de los diputados y senadores. La ley es el inicio de un marco jurídico que da las normativas y las sanciones y establece un régimen de consecuencias para quienes la infrinjan, con la finalidad de  organizar y contrarrestar el desorden del transporte terrestre en el país.