El proyecto o el programa era una especie de extorsión donde los dueños de bancas debían realizar pagos a la estructura de corrupción, pues de lo contrario la Dirección de Casino y Juegos de Azar, procedía a realizar el cierre de las bancas e incautación de tragamonedas.

Pero, ¿Quién coordinaba esta estructura? «De eso se encargaba Fernando Crisóstomo». Esta aseveración se repite varias veces durante las respuestas de Ramón Emilio Jiménez, Mimilo, a los fiscales que lo interrogaron por el caso Calamar.

Mimilo, de quien dice el Ministerio Público fue una de las personas que dio testimonio contra los principales encartados del caso, fue reiterativo respecto a Crisóstomo: supuestamente fue una de las personas que orquestó «El Proyecto», un supuesto plan con el que red hizo cobros ilegales a bancas de lotería, casinos y colmadones con máquinas tragamonedas.

Pero además, según el expediente del órgano acusador, Crisóstomo fue el encargado de cobrar las deudas administrativas y «el que tenía el expertise» para tales acciones dentro de la presunta organización que, dice el Ministerio Público, estafó al erario con más de 19 mil millones de pesos con expropiaciones de terrenos del Estado, supuestamente amparado bajo la sombrilla de los exministros de Hacienda, Administrativo y de Obras Públicas, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, respectivamente.

De su lado, Crisóstomo, Ramón Emilio Jiménez Collie, Frixo Mesina y José Arturo Ureña y Arvelo, acusan al diputado Goris Moya de servir de enlace entre las bancas ilegales, que pagaban sobornos para que les dejarán operar, y los funcionarios de Hacienda que por esta vía recolectaron miles de millones de pesos.

Estos cuatro delatores responsabilizan a este diputado del PRM de coordinar uno de los esquemas de extorsión a las bancas de lotería, que junto a casinos y colmadones representan una de las modalidades de corrupción y soborno que dice el Ministerio Público funcionó en este caso.

22 milloncitos mensuales

El proyecto de las bancas deportivas, lotería y tragamonedas generaron sumas millonarias para la Operación Calamar, ya que por este concepto entraban al mes en promedio veintidós millones de pesos (RD$ 22,000,000.00) en provecho de la estructura de corrupción liderada, presuntamente por Donald Guerrero, según el Ministerio Público.

Es así como los miembros de esta estructura de corrupción para estafar al Estado dominicano crearon otra maniobra fraudulenta para obtener montos millonarios, todo bajo manto y protección del Ministro de Hacienda Donald Guerrero, quien, supuestamente, facilitaba los medios para permitir el cobro ilegal burlando todo proceso de control administrativo y legal.

Producto de este denominado proyecto o programa, se detectó la operatividad de las bancas deportivas y de loterías de forma ilegal, las cuales permanecen operando de manera clandestina, así como la utilización de tragamonedas en lugares no permitidos por la ley.

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Existen más pruebas, según Camacho

Cinco nuevas querellas han sido presentadas contra implicados en la operación Calamar por instituciones afectadas  del sector privado, informó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

«Esos intereses privados se han acercado al tribunal con la intención de ser parte del proceso, que es algo a lo que ellos tienen derecho. A esos fines han estado depositando querellas los últimos días en el tribunal, incluso se depositaron querellas en el día de hoy», declaró el magistrado su salida de la audiencia.

De acuerdo con Camacho, esta fue la razón por la que fue aplazada la audiencia para el próximo miércoles, ya que esas querellas fueron notificadas a las contrapartes.