Las necesidades de la mayoría mueven a los representantes y organizaciones de diversa naturaleza (políticas, sindicales, comunitarias, etcétera) a reclamar mejores condiciones salariales y planes de asistencia social con mayor o mejor cobertura. Por su parte, el gobierno, habitualmente demandante en exceso de recursos para cubrir sus compromisos reales, ineludibles, junto a los del clientelismo partidista, busca en la creación de impuestos fuentes alternas para disminuir sus déficits o acude a préstamos internacionales para “salir del paso” y a Dios que reparta suerte en el futuro.

En permanente lucha de intereses, la ciudadanía reclama, pero el gobierno, usuario de los poderes del Estado (actualmente en forma casi absoluta) impone sus condiciones al oponente más débil, porque le resulta muy difícil quebrar el pulso a las organizaciones internacionales y mediante leyes o resoluciones ordena aumentar  los salarios, casi siempre en forma irrisoria, de preferencia en el sector privado y se disponen impuestos de todo tipo a empresarios, productores agrícolas, industriales o sectores ligados a la banca y  el comercio mayoritario.

Los afectados no salen a las calles a protestar al estilo quema de gomas, pero participan en forma solapada y más violenta: Realizan despidos, masivos o no, alegando elevación insostenible de su nómina o, en forma sutil, pero artera, elevando el precio de sus productos o mercancías. De esta manera, un gran ejercito de dependientes de despedidos, junto a los encolerizados clientes de los comercios, se suman a las protestas contra el gobierno porque no hay organismos que impidan los despidos y los aumentos de precios, cuando suben los salarios y se elevan los impuestos.