DARIO MELENDEZ
Cuando se dispone de recursos para desenvolverse, se busca realizar operaciones y negocios que generen más recursos, no que consuman sin producir o estanquen el patrimonio, porque el dinero inactivo perece.

Quien tiene limitados valores y los invierte en construir su casa propia para vivir, si no dispone de ingresos adicionales para las necesidades cotidianas, se verá obligado a recapacitar y posiblemente volver atrás en su decisión, con pérdidas y trastornos que pudo evitar.

Los gobiernos que se ufanan de las inversiones fijas que realizan, adornadas de rimbombantes inauguraciones, invierten recursos no recuperables, cuya rentabilidad se pone en duda y en vez de utilidades las obras públicas absorben recursos, su conservación acarrear costos, como acarrea gastos la casa que se construye para vivirla, la cual hay que amueblarla, pintarla, limpiarla y atenderla, mientras nada produce, es una inversión pasiva y quien no dispone de capital rentable no puede darse ese lujo.

Las obras del Estado son inversiones fijas, costosas e improductivas, constituyen el caballo de batalla de los políticos, tienen muchos reclamantes y ningún padrino que las adopte, conserve y cargue con las gastos de su mantenimiento y conservación; como toda inversión, su vida útil es limitada, su depreciación es más acelerada que las construcciones privadas, al no contar con un dueño que las cuide, su existencia es sólo costos y nada de beneficios, a menos que su uso represente valores tangibles que puedan cuantificarse y recuperarse en determinado período.

Se ha dado a los gobiernos la potestad de invertir recursos en obras públicas para afianzar su política, se les exige tomar recursos líquidos que la población aporte e invertirlos en obras improductivas, paralizantes de capital que en manos hacendosas pueden generar beneficios reales, utilidades reproductivas ya progreso apreciable.

La creencia de un desarrollo representado por las obras de infraestructura que realizan los gobiernos, queda en entredicho al comprobar los acumulativos déficits fiscales que caracterizan las administraciones gubernamentales, las inversiones no reproductivas sólo acarrean costos, es por ello que en las naciones desarrolladas, cuando se realizan obras de uso público, se establecen pagos por su utilización, normalmente durante los veinte años subsiguientes a su puesta en uso, sin rimbombantes inauguraciones propias del subdesarrollo, período durante el cual la obra se deprecia y pasa a ser de libre utilización sin costo, se considera que en ese lapso la inversión ha sido recuperada y la obra ha perdido su valor rentable. En nuestro medio, los peajes no se aplican a la recuperación de los inversiones, ni se limitan a período alguno, se cobran para acopio fiscal sin otro interés que no sea simple gasto estatal, así el progreso se estanca, al no disponer mercantilmente los recursos que se invierten, los cuales han de reproducirse o perecer.

Los teóricos de la llamada ciencia económica no miran eso, su misión se circunscribe a cuantificar impuestos, medir inflación, devaluación, recesión y múltiples vocablos sin ton ni son, como si con sus teorías algo aportaran, mientras las pérdidas y los déficits se acumulan día a día.

La sensatez invita a no permitir que los gobiernos haga inversiones, si misión debe limitarse a administrar las operaciones propias de una administración gubernamental para el funcionamiento de las instituciones necesarias para mantener la Nación organizada; la potestad de invertir recursos estatales, al igual que corresponde a una inversionista cualquiera, sólo trae por consecuencia el derroche de valores improductivos, lo que necesariamente ha de acarrear y acarrea la quiebra financiera en que se hunden los gobiernos, al invertir recursos, extraídos del presupuesto familiar, en obras no reproductivas, como son todas las obras públicas, que con fines políticos realizan los gobiernos.