CARLOS FERNÁNDEZ FONTENOY
La historia de las modernas sociedades libres se inicia y se consolida con el surgimiento y fortalecimiento de la llamada sociedad civil, que tradicionalmente se diferenció de la sociedad política.

La sociedad civil es el ámbito en el cual actúa el libre mercado, los diferentes gremios o asociaciones, como la de los empresarios, de los trabajadores, estudiantes, profesionales, pero también las iglesias y las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG), que son organismos de civiles, libres, no pertenecientes a la sociedad política o al Estado.

Estas entidades tienen la libertad de fijar sus propios objetivos, siempre y cuando respeten las leyes del país donde operan. Históricamente, las organizaciones de la sociedad civil son las que han permitido la existencia de la democracia, ya que han servido de contrapeso y control al enorme poder que fue adquiriendo el Estado moderno (su Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo). Por ello, hoy día es posible constatar que existe mayor libertad y democracia en los países donde las sociedades civiles son más fuertes.

En el Perú, importantes ONG, como el Ideele, junto con los medios de comunicación independientes, fueron los actores de la sociedad civil que con mayor valentía y decisión lucharon contra la corrupción y el autoritarismo del gobierno de Fujimori.

Recordemos que el fujimontesinismo también hizo sentir su dominio en el Poder Judicial. A partir del gobierno de Paniagua se inició un intento de separar a los malos jueces, esfuerzo que no se mantuvo en los últimos años de Toledo. Lo cierto es que casi el 85% de los limeños considera al Poder Judicial como una de las instituciones menos confiables, y el 82% que su principal problema es la corrupción. El asunto se complica, cuando es común escuchar —con razón o sin ella— que el Partido Aprista es el grupo político que más influencia tiene en el Poder Judicial.

No hay duda de que actualmente existe una campaña contra la ONG Ideele, debido a que esta, en aras de la urgente transparencia que requiere el Poder Judicial en sus próximos nombramientos, ha sugerido que los candidatos presenten públicamente ante la ciudadanía sus currículum vitae, hojas de vida y planes de trabajo. El pueblo tiene el derecho de saber sobre los antecedentes y méritos no solamente de los integrantes del Poder Legislativo o Ejecutivo, sino también de los del tercer poder del Estado: del Poder Judicial. Y ello no solamente porque somos los ciudadanos quienes les pagamos a dichos servidores públicos, sino además por la crisis moral por la cual atraviesa.

Rechazar la transparencia propuesta por el Ideele, como pretende hacerlo un sector del aprismo, es más que una torpeza política en las actuales circunstancias y más aun, cuando los seguidores de V.R. Haya de la Torre quieren demostrar que la acusación de haber sido un gobierno corrupto, la vez pasada, es totalmente falsa.

Tratar de evitar que la opinión pública pueda conocer los méritos o deméritos de los jueces que deberán ascender o nombrar próximamente, provoca la impresión de que se quisiera ocultar algo malo. La transparencia de los candidatos debería ser la primera bandera moralizadora del Poder Judicial que levante el Partido Aprista. No hacerlo, nos hará recordar los grandes errores que cometió Toledo a comienzos de su mandato y que casi le cuestan su cargo. La gran diferencia es que Toledo no cargaba con los antecedentes endilgados al actual mandatario y su partido.

(El Comercio, Perú)