Los hechos ocurridos al final del año pasado: fallo de la Sun Land; indulto presidencial y el escándalo de la Cámara de Cuentas, dejan al descubierto el  empobrecimiento progresivo de la institucionalidad democrática y de la moral  en el ejercicio de la función pública.

Si  estos  hechos lo relacionamos con las perversiones observadas en las elecciones pasadas, en donde el dinero  predominó como medio para la seducción de conciencia, hallamos un orden  político que  evoluciona hacia un régimen “de facto”,  que legitima sus acciones según los criterios  fácticos y mediáticos de los poderosos y no de acuerdo a los criterios y normas de la legitimidad interna  de la institucionalidad democrática.  La democracia y el marco institucional legal transitan a los tiempos en que los gobiernos surgían y  gobernaban  de manera “de facto”.

En consecuencia, el país avanza hacia un régimen de fuerza contrario al estado de derecho que podría derivar en una nueva dictadura corrompida como las del pasado.

Estos síntomas antidemocráticos se producen en circunstancias en que la política la protagonizan los dos partidos políticos (PLD y PRD) que a partir del 1996 le abrieron la oportunidad de ascender al Estado a las clases medias, aliadas a sectores populares que desplazaron del poder político a la vieja clase conservadora.

Estas clases medias gobernantes han hecho de  la política  puro negocio, despojándola de las causas. Es una política que solo ve el poder por el poder, desconectada del bien común y nacional, y concentrada solo en los negocios y los votos que totalizan el actuar humano, siguiendo los designios decadentes del “neoliberalismo” sobre el “cálculo de utilidades” comerciales y electorales.

De esa lógica surge como motivación del sujeto político,  aprovecharse de las oportunidades que abre el Estado, institucionalmente desguarnecido, para acumular capitales  y ascender socialmente, en un intento de convertirse  como clase en  una  nueva  oligarquía política pero ahora consumista y ostentosa, y apropiadora “para si” de los recursos públicos  quedándose “en si” (misma).       

Dentro de ese  cuadro de realidades  nacionales, es predecible que se profundicen los rasgos autoritarios  del régimen “de facto”,  y más aún de aprobarse la propuesta de Constitución tal cual, porque amplía el poder fáctico del Ejecutivo en contra de los principios democráticos del equilibrio y alternancia de los poderes.    

Finalmente cabe preguntar: ¿Podrá ese proceso revertirse a favor de la democracia y no de la dictadura? ¿Quién podrá evitarlo?