Los hechos ocurridos al final del año pasado: fallo de la Sun Land; indulto presidencial y el escándalo de la Cámara de Cuentas, dejan al descubierto el empobrecimiento progresivo de la institucionalidad democrática y de la moral en el ejercicio de la función pública.
Si estos hechos lo relacionamos con las perversiones observadas en las elecciones pasadas, en donde el dinero predominó como medio para la seducción de conciencia, hallamos un orden político que evoluciona hacia un régimen de facto, que legitima sus acciones según los criterios fácticos y mediáticos de los poderosos y no de acuerdo a los criterios y normas de la legitimidad interna de la institucionalidad democrática. La democracia y el marco institucional legal transitan a los tiempos en que los gobiernos surgían y gobernaban de manera de facto.
En consecuencia, el país avanza hacia un régimen de fuerza contrario al estado de derecho que podría derivar en una nueva dictadura corrompida como las del pasado.
Estos síntomas antidemocráticos se producen en circunstancias en que la política la protagonizan los dos partidos políticos (PLD y PRD) que a partir del 1996 le abrieron la oportunidad de ascender al Estado a las clases medias, aliadas a sectores populares que desplazaron del poder político a la vieja clase conservadora.
Estas clases medias gobernantes han hecho de la política puro negocio, despojándola de las causas. Es una política que solo ve el poder por el poder, desconectada del bien común y nacional, y concentrada solo en los negocios y los votos que totalizan el actuar humano, siguiendo los designios decadentes del neoliberalismo sobre el cálculo de utilidades comerciales y electorales.
De esa lógica surge como motivación del sujeto político, aprovecharse de las oportunidades que abre el Estado, institucionalmente desguarnecido, para acumular capitales y ascender socialmente, en un intento de convertirse como clase en una nueva oligarquía política pero ahora consumista y ostentosa, y apropiadora para si de los recursos públicos quedándose en si (misma).
Dentro de ese cuadro de realidades nacionales, es predecible que se profundicen los rasgos autoritarios del régimen de facto, y más aún de aprobarse la propuesta de Constitución tal cual, porque amplía el poder fáctico del Ejecutivo en contra de los principios democráticos del equilibrio y alternancia de los poderes.
Finalmente cabe preguntar: ¿Podrá ese proceso revertirse a favor de la democracia y no de la dictadura? ¿Quién podrá evitarlo?