Como suele ocurrir con toda reforma fiscal, la que propone el Partido de la Liberación Dominicana al Congreso Nacional ha suscitado grandes debates entre los sectores a ser gravados así como importantes interrogantes que han puesto a pensar sobre el propósito de las reformas fiscales que en el transcurso de los últimos años se han efectuado en el país.

La necesidad de una nueva reforma en este orden ya no es cuestionada por ningún sector consciente de la necesidad de superar la crisis y contribuir a mejorar el clima de incertidumbre que ha vivido el país tras la crisis bancaria.

Entre todas estas preguntas y busqueda de respuestas, dos cuestiones subyacen independientemente de las consideraciones sobre su incidencia propiamente económica y sobre el sentido de su aplicación.

La primera toma en cuenta si en verdad podrá esta nueva reforma lograr el monto de recaudaciones que se espera obtener con los cambios al complicado tramo de los ingresos esperados para ser obtenidos por distintas fuentes y vías.

La segunda se preocupa por los alcances que pudiese tener esta reforma en posibilitar una verdadera redistribución del ingreso y de las riquezas entre la población para mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres.

Al momento en que la Comisión Económica del PLD hizo entrega de la nueva propuesta fiscal a las autoridades salientes y, entre ambos, pusieron en conocimiento de un compromiso formal para la aprobación de la pieza al Fondo Monetario Internacional (FMI), muchos sectores comenzaron a cuestionar hasta qué punto dicha reforma permitirá captar los suficientes fondos para conjurar el origen de la crisis: El déficit del Banco Central y los requerimientos presupuestarios para fines de este año y el próximo 2005.

¿Quién pondrá los huevos?

Al ponderar los requerimientos de nuevos fondos para que el país pueda manejarse en la actual coyuntura, el economista Rafael Camilo considera que la nueva reforma fiscal exigirá aportes y recaudaciones provenientes de diferentes sectores por el orden de RD$ 40 mil millones.

Camilo estima que el país necesita primero estabilizar su economía, para lo cual resulta imprescindible una reforma tributaria integral que contribuya a despejar cualquier incertidumbre en torno al futuro económico del país.

Por eso estimó necesario no aumentar la base de los impuestos aplicados a los artículos ya gravados.

En este mismo orden se pronunció el ex secretario de Finanzas, Daniel Toribio, quien sostuvo que el punto de vista del presidente electo, Leonel Fernández, mantiene el punto de vista de que los bienes actualmente exentos del impuesto ITBIS. Entre esos bienes figuran las medicinas, la comida y la electricidad, así como a los Impuestos Selectivos al Consumo (ISC).

Para otros economistas, políticos y personalidades, los objetivos fiscales del programa del gobierno entrante apuntan a afectar a la clase media, en vista de que del total de la canasta de impuestos que fueron asumidos, la mayoría tiene gran incidencia en este sector social.

La propuesta de reforma del PLD plantea elevar el ITBIS desde un 12% actual hasta 16%, aplicar un selectivo por esa misma tasa a los pasajes aéreos y seguros y gravar en 20% los servicios a profesiones liberales independientes. Igualmente se contemplan otros gravámenes que permitirían recaudar los montos que prevéen las nuevas autoridades para cerrar la brecha fiscal prevista.

Dado el nivel de incertidumbre que siempre antecede a una trascendental reforma como la que han emprendido las autoridades electas, algunas organizaciones proponen que el nuevo paquete fiscal considere aplicar aquellos impuestos que afecten los ingresos de los sectores más ricos del país y que no se sobrecargue a los más empobrecidos, como casi siempre sucede.

Dar más sentido social

Rafael Camilo adelantó que el próximo gobierno hará una revisión a favor del gasto social, apoyando un plan de aumento a la producción alimenticia proveniente del sector agropecuario.

A pesar de haber expuesto la necesidad de atender más la salud pública, algunas preocupaciones giran en torno a cómo las recaudaciones contempladas podrán ser reorientadas para atender con dichos ingresos, además de los compromisos ya previstos un aumento en el gasto social.

En este sentido, Jaime Aristy Escuder planteó la necesidad de añadir a la actual reforma un programa alternativo de carácter social que amortigüe el alza de impuestos, como forma de que los sectores más empobrecidos enfrenten en mejores condiciones los resultados de dicha reforma.

«Es necesario en primer lugar -sostiene el economista Aristy Escuder-, que el paquete fiscal que ha diseñado el PLD y cualquier otro de que se trate esté complementado con un aumento salarial considerable, como forma de recuperar parte de lo que han perdido los trabajadores y los empleados que han sufrido los efectos de una alta inflación combinada a una devaluación del peso».

En una primera fase de la aplicación del ajuste fiscal siempre se verifica una situación traumática, la cual no obstante, si se llevan a cabo las medidas en forma correcta, pierden sus efectos pasados unos seis meses luego de su aplicación.

El economista sostuvo que debido a la estabilidad que van trayendo a la economía y a la confianza que se restaura entre los agentes económicos, los duros y difíciles efectos de una reforma fiscal como la propuesta por la Fundación Economía y Desarrollo puede lograr el éxito esperado en el corto plazo.

Con los diferentes niveles en los tramos de recaudación propuestos a través de la reforma contemplada por el PLD no se lograrán los fondos suficientes para sufragar los fondos que requiere el fisco dominicano para cubrir el déficit cuasi fiscal del Banco Central y otras necesidades y compromisos gubernamentales.

También considera además que con la propuesta de las entrantes autoridades no se saldará la brecha fiscal prevista ya que aún asumiendo un escenario en que todas las propuestas logren surtir sus efectos recaudatorios, solamente se recaudará aproximadamente un 1.5% adicional del Producto Bruto Interno, cuando el país necesita incrementar los ingresos en un 4% del PBI.