JUAN BOLÍVAR DÍAZ
El hecho de que ya los regidores se estén auto fijando salarios hasta de 154 mil pesos mensuales, como recién ocurrió en San Cristóbal, y de cien mil y más  en los casos del Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo Este, es revelador del desorden institucional que cada vez toma más terreno en esta pobre nación.

 Pero pecaríamos de corta visión o hipocresía si nos quedáramos nada más en los regidores, que al fin y al cabo son de los lados flacos de la soga nacional, sin echar un vistazo más profundo al tejido del Estado. Por donde quiera que observemos comprobaremos que prevalece una tendencia hacia la auto-reivindicación.

Lo mismo que los consejos edilicios, en el Congreso Nacional y en los consejos de innumerables organismos del Estado se toman decisiones en contradicción con los principios constitucionales y jurídicos que condenan todo privilegio y prohíben la legislación en beneficio propio.

En el caso de los regidores de San Cristóbal la ambición les rompió el saco y fueron forzados por la opinión pública a disminuir el incremento salarial que ellos mismos se hicieron, para ajustarlo a 100 mil pesos mensuales, cifra que se han atribuido los de Santiago. Los del DN están ya en los 113 mil y los de Santo Domingo Este en 96 mil.

Claro que no se trata de sumas insignificantes para gente que no tiene un trabajo en el ayuntamiento donde en promedio asisten a dos reuniones mensuales. Antes se suponía cobraban dietas por asistencia. Ahora ya son sueldos fijos que muchos cobrarán independientemente de que cumplan o no con sus mínimas responsabilidades.

Si no se pone un límite pronto, los mil 63 regidores de los 155 municipios estarán recibiendo salarios de 100 mil pesos, lo que supondrá una erogación mensual superior a los 100 millones de pesos. Pero como para justificarse esos salarios es imprescindible elevar los de los síndicos y vicesíndicas y por lo menos los secretarios generales de los ayuntamientos y de los 227 distritos municipales, tendremos que dedicarles una parte substancial de los ingresos municipales.

La repartición municipal llega al grado de que en muchos ayuntamientos y hasta en distritos municipales se están creando sus propios programas de ayuda social, un pequeño «solidaridad» para beneficiar a los compañeros o compatriotas que no pueden ser empleados o no quieren.

Habría que preguntarse en qué se diferencia eso del barrilito de los senadores y del fondo social de los diputados. Ya el año pasado establecimos, en base a informaciones oficiales, que los senadores están costando un promedio de un millón 295 mil pesos mensuales, incluyendo 265 mil de ingresos personales, y un millón 30 mil para sus «programas sociales», mantenimiento de dos oficinas y pago de empleados.  

Se recordará que a principios del año pasado los miembros de la Cámara de Cuentas se llevaron sus ingresos mensuales sobre los 600 mil pesos, aún cuando tenían el encargo de velar por el cumplimiento de una ley de austeridad que disponía reducciones y congelamiento de los altos salarios del Estado.

También el año pasado el administrador del Banco Nacional de la Vivienda logró que su consejo le asignara un sueldo de 500 mil pesos mensuales y le garantizara una pensión vitalicia por 450 mil, heredable por dos años a sus sucesores.

Esos niveles de salarios se están imponiendo en un país donde más del 80 por ciento de los asalariados no llegan a los 20 mil pesos mensuales, donde en el gobierno central la mayoría de los empleados ganan entre 4 mil 500 y 10 mil pesos, y en los municipios menos de 5 mil. Cuando hay 25 mil maestros con pensiones menores a 4 mil pesos.

¿Qué hacer para contener este desorden, esta abominable auto repartición del presupuesto nacional? ¿No hay ningún organismo ni autoridad capaz de establecer límites? Correspondería una legislación, pero quién toma la iniciativa, y sobre todo si la aprobarán los legisladores. En fin, ¿quién le pone el cascabel al gato?