¿Quién protege al envejeciente indigente?

En las calles de Santo Domingo se puede observar en la actualidad un incremento de la participación de envejecientes en la recogida de botellas  y cartones en los zafacones de comercios y residencias, mostrando así las condiciones de indigencia en que viven.

Igual ocurre en el campo. Mujeres y hombres mayores de 80 años salen de sus hogares de madrugada a trabajar como “echa días” en los conucos. Una señora de 83 años de un campo de Moca tiene 60 años trabajando como vendedora de víveres y verduras en las calles de esta ciudad.

El incremento de la población envejeciente en estas condiciones (que se puede observar en distintos puntos del país) visibiliza el contexto de indigencia en que se encuentra esta población que debería estar descansando en su casa y recibiendo asistencia social, lo que no ocurre para este sector.  La pobreza no tiene edad y expulsa hacia las calles desde niños-niñas hasta envejecientes.

Esta población no tiene para dónde ir. Si hacemos visitas nocturnas a parques públicos, callejones de distintas zonas de la ciudad, debajo de los puentes y centros comerciales cerrados, encontraremos envejecientes y personas de todas las edades durmiendo a la intemperie.

La ausencia de asilos públicos para la población envejeciente pobre e indigente produce esta situación deprimente. Los pocos asilos de envejecientes existentes no tienen cupo para más  y sufren serias dificultades económicas por las precariedades en los subsidios que reciben.

Muchos(as) envejecientes que viven en barrios y campos del país han podido sobrevivir por la inversión social de la comunidad y los/as familiares que suplen la ausencia de un sistema efectivo de asistencia y protección social. En este sentido tenemos: la ayuda de sus familiares o de vecinos y vecinas que le ofrecen alimentación seguimiento y apoyo afectivo y en otros/as las remesas que reciben de sus hijos/as en el exterior.

Esa población envejeciente que deambula por las calles no está incluida en los programas sociales. El Estado no ofrece pensiones justas y dignas a la población envejeciente. Muchos(as) reciben pensiones mensuales miserables de RD$ 300.00 hasta 1,000.00, entre los cuales se encuentran maestros, maestras y distinto/as servidores/as públicos/as. Esta pensión no cubre las necesidades fundamentales de esta población. En varias comunidades identificamos  casos de envejecientes que han sido despedidos de empresas y no se le asigna ninguna pensión porque supuestamente no han cumplido el tiempo “requerido”.

La población envejeciente urge de una política social coherente que cumpla con los derechos que le corresponden y con garantías de una vida digna y en equidad como ocurre en otros países.