¿Quién protegerá al consumidor de otro golpe al bolsillo?

En momentos en que está en marcha un aumento en los pasajes interurbanos, lo que a su vez podría ser un detonante para alzas a nivel local en ese vital servicio, mientras productos básicos registran también incrementos, la insistencia en subir el precio de un alimento básico como la leche podría asestar un duro golpe a las clases más necesitadas.
El perjudicial impacto previsible sería a la niñez en familias de escasos recursos, afectadas por la desnutrición crónica y a los envejecientes, un segmento de la población desvalida que subsiste precariamente en hogares de acogida y asilos, donde les brindan el amor y la asistencia que dejan de recibir de sus parientes más cercanos.
Si como han advertido representantes de diferentes sectores de la sociedad, sin ser hasta ahora debidamente escuchados, el litro de leche llega a costar entre 80 y 100, de aprobarse el aumento que reclaman los ganaderos, ¿quién podrá ir en auxilio del público consumidor y qué medidas podrían aplicarse para que no sean víctimas de un crimen de lesa humanidad?
Es probable entonces que la medida más sensata para no exponernos a un perjuicio de esta naturaleza —que reflejaría una inexcusable dejadez y una grave falta de sensibilidad social y humana— sería llegar a un acuerdo para un reajuste razonable y gradual que pueda solventar sus costos operacionales sin provocar una lesión a la clase consumidora de menores ingresos ni tampoco a los empresarios del sector lácteo.
Se trata, claro está, de una cuestión un tanto complicada cuando, fuera de teorizaciones se lleva a la concreción práctica de lo posible, ya que los ganaderos se aferran a sus propios cálculos sin detenerse a analizar los diagnósticos y planteamientos del ministerio de Agricultura y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, se muestra receptivo a una solución viable y por eso está abierto a escuchar los argumentos de los ganaderos, pero como hombre de visión amplia, también plantea el problema desde diferentes ángulos y vertientes como corresponde a un funcionario público.
Por esa razón, aunque favorece en principio un eventual aumento, ha señalado a los ganaderos que es hora ya de que evalúen su situación en el contexto no solo de costos en el corto plazo, sino de eficiencia, tecnificación y mejora de todas sus operaciones, factores sin los cuales carecerán de una proyección futura sobre bases sustentables de competitividad.
Desde ese ministerio ha hecho su aporte para una mejora sustancial del sector, mediante la instalación de centros de acopio y tecnificación lechera con programas de entrenamiento que, bien aprovechados, podrían sentar las bases de una gran industria de derivados lácteos en que participen pequeñas y medianas empresas que crearían miles de puestos de trabajo, en un país donde se necesitan más empleos para la clase trabajadora.
Como ha señalado la CEPAL, si la ganadería local no se pone las pilas para asumir estos retos, reinventarse y adecuarse a las nuevas realidades del mercado, en lugar de buscar ventajas competitivas pidiendo restricciones a las importaciones lácteas, tendrá de frente las necesidades e intereses de consumidores e industriales que coinciden en su oposición a un aumento en el precio de la leche.
Otro aspecto a tomar en cuenta es que el 52 por ciento de la leche fresca que se produce en el país es consumida por la industria quesera nativa, cuyos costos se dispararían con el alza propuesta, a tal punto que ya han señalado que tendrían que despedir personal y en algunos casos verse expuestos a desaparecer.
La imposición de precios por vía administrativa, además de odiosa e impropia en un mercado donde la competitividad tiene que ser ganada con tecnología y productividad, sin acogerse a favoritismos y tratos preferenciales, no ayudaría a la ganadería a solucionar el desfase que arrastra y penalizaría a consumidores que están hastiados de precios cada vez más prohibitivos.