¿Quién rinde cuentas?

¿Quién rinde cuentas?

La respuesta es obvia, demasiado obvia, matizaría. Es decir, no hay que responder con grandes circunloquios retóricos, ni hay que escudriñar mucho en textos, en hemerotecas  y en documentos públicos. El gobierno dominicano no rinde cuentas de su gestión. Tampoco lo hacen los “civiles” que manejan fondos públicos. Entonces, el uno y los otros están faltando a unos de los pilares de toda sociedad abierta, de toda sociedad democrática, como es “explicar…a cualquiera que tiene derecho” a saber.

Pero lo peor  es que frente a la resistencia a rendir cuentas, a dar explicaciones por el manejo de los fondos, de las decisiones adoptadas, de las políticas aplicadas y de las normas legales establecidas, ningún funcionario ni organismo se siente en el deber y con la fuerza jurídica para reclamar y exigir que se ofrezcan las explicaciones de lugar a los ciudadanos y ciudadanas.

Las autoridades dicen y repiten que el gobierno del Presidente Fernández ha gastado miles de millones de pesos en subsidios eléctricos, pero nadie ha rendido cuentas sobre esas entregas. Salvo que se entienda por rendir cuentas esta frasecita: “el año pasado el gobierno dispuso RD$38,000 millones para subsidios eléctricos y al GLP”.

Se han gastado miles de millones de pesos en subsidios al GLP, pero nadie rinde cuentas sobre este gasto.

Se habla del gasto de miles de millones de pesos en subsidios sociales, pero la población no ha recibido explicaciones y detalles.

El gobierno no rinde cuentas sobre la ejecución presupuestaria, salvo que se entienda como tal el documento que siete u ocho meses después de concluido el año se entrega al Congreso, nadie allí lo conoce ni lo lee, y un día es aprobado para cumplir, se dice, “con un principio constitucional” y descargar al Poder Ejecutivo.

Industria y Comercio cobra una comisión para administrar la aplicación de la Ley de Hidrocarburos, pero nadie rinde cuentas sobre su monto y cómo se ha distribuido o gastado ese dinero.

El gobierno no rinde cuentas sobre los sueldos de sus empleados, mucho menos sobre los sueldos de los más altos funcionarios. Un día se dice que un Secretario de Estado gana RD$85,000, pero después otro día se habla de RD$200,000.

Los ayuntamientos no rinden cuentas de los fondos que reciben cada año de los contribuyentes.

Los partidos políticos manejan como secreto de Estado los fondos que reciben de los contribuyentes, vía la Junta Central Electoral.

El Presidente de la República viaja al exterior y la población no recibe un informe pormenorizado de sus gastos de transporte y de estadía.

Obras Públicas, la Oficina Fiscalizadora de Obras del Estado, la Opret, Educación, Inapa, el Indrhi y similares, firman contratos de miles de millones de pesos y cientos de dólares, y a nadie se rinde cuentas ni se conocen los términos de esos contratos o acuerdos de intenciones.

¿Quién, pues, rinde cuentas en este gobierno?     

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