La suspendida jueza Awilda Reyes Beltré aseguró ayer que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial tienen pruebas de las acusaciones que le hacen, porque el dinero del soborno que se le atribuye haber recibido no existe.
Entrevistada previo al juicio disciplinario que le sigue el Consejo del Poder Judicial (CPJ) y que fue aplazado sin fecha fija, Reyes Beltré acusó al presidente del Poder Judicial (PJ), Mariano Germán, de urdir toda una trama y enviarla al Ministerio Público “sin enviar la prueba fundamental del presunto crimen”.
Dijo que si a lo interno del PJ existe una estructura mafiosa como denunció el exprocurador general Francisco Domínguez Brito, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no está exento de ella.

“Si nosotros tuviéramos un país con instituciones serias, independientes, y un Ministerio Público verdaderamente comprometido con la lucha contra la criminalidad y la corrupción, el primer investigado hubiera sido el presidente de la SCJ”, subrayó.
Código de Ética. El juicio disciplinario contra la suspendida jueza es por violación al Código de Ética. Paralelamente, enfrenta un proceso penal en la jurisdicción ordinaria, por supuesta prevaricación.
Pide sobreseimiento. Durante la audiencia, Reyes Beltré solicitó al CPJ suspender el juicio disciplinario hasta tanto concluya el proceso penal que enfrenta por supuestamente ser parte de una trama que a lo interno del Poder Judicial negociaba sentencias, principalmente con personas vinculadas al crimen organizado.
Además, pidió excluir del juicio al Ministerio Público, basada en lo que dispone la resolución 942 del 2004, que modifica el reglamento de la carrera judicial, en el sentido de que los juicios disciplinarios se celebren sin la participación de este.
Ambos pedimentos fueron hechos por la suspendida jueza a través de su abogado, Harold Echavarría, y a los dos se opuso el MP, representado por Robustiano Peña, Narciso Escañi, Carmen Díaz y Taipei Joa.
Los jueces, encabezados por el magistrado Víctor José Castellanos en calidad de presidente en funciones del CPJ; Estanislao Rodríguez, Fernando Fernández y Leonardo Recio, luego de retirarse a deliberar sobre dichos incidentes, decidieron aplazar el juicio, sin fecha fija y notificar posteriormente su decisión a las partes.