Carlos Peña 
La comisión especial designada por el presidente Danilo Medina para investigar el proceso de licitación y adjudicación de las plantas termoeléctricas que totalizan 740 megavatios en Punta Catalina, provincia Peravia, ha informado a través de su vocero monseñor Agripino Núñez Collado, sobre la realización de una licitación para la contratación de una empresa que auditoría esta obra cuya construcción se encuentra en más de un 70% y contratada por un monto proyectado final de mil novecientos cuarenta cinco millones de dólares.
Con esta medida se procura despejar las dudas que distintos sectores han esgrimido con relación al proceso desarrollado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales mediante el cual el consorcio Odebrecht/Estrella resultó adjudicatario y de realizarse la referida auditoría tomando en consideración nuestra propuesta de dar participación en la selección de las empresas que la realizarían a sectores de la oposición, estén estos organizados o no en partidos políticos, resultaría mucho más efectiva.
De ese modo se conseguirá eliminar el discurso enarbolado contra este proyecto por personas que consciente o inconscientemente estarían colocándose del lado del cartel de generación al solicitar que la construcción de estas plantas de 740 megavatios se ha detenido, pues esto implicaría postergar el aporte ineludible y técnicamente confirmado que haría en estas plantas una vez entren en operación aportando por lo menos el 35% de la demanda nacional de energía y potencia.
La cuestión es que no debería tratarse ni circunscribirse en detener un proyecto que a todas luces será beneficioso para la República Dominicana, sino más bien de investigar si hubo o no soborno, sobrevaluación o cualquier otro tipo de acto doloso y en el caso de que efectivamente se confirme cualquier tipo de corrupción en la licitación y adjudicación del mismo la justicia y el pueblo no deberían titubear en llevar hasta sus últimas consecuencias las acusaciones y puesta en prisión de los responsables.
