CARMEN IMBERT BRUGAL
Contundente es la composición social de la población carcelaria dominicana. Permite el desatino de atribuir sólo a la marginalidad la conducta infractora. Entre los 12,092 reclusos que ocupan los 35 recintos penitenciarios es intrascendente el número de personas con un origen social privilegiado. ¿Significa acaso que sólo delinquen los desheredados de la fortuna? No. Significa que el aparato represivo del Estado está diseñado para ellos. En consecuencia, nunca podremos tener un perfil adecuado de la propensión al crimen de los nacionales.

¿Cuántas estafas, robos, uso de armas, violaciones, tráfico y distribución de drogas, homicidios y asesinatos, cometidos por personas pertenecientes a sectores medios y altos, se resuelven con la salida del país, un acuerdo extrajudicial, el internamiento en un centro de salud, el pago de una indemnización sin sentencia, la intervención complaciente de un funcionario?

El tortuoso proceso de humanización de la pena alcanzó su clímax a finales del siglo XVI con la pena privativa de libertad. Lo que entonces fue un avance, para la modernidad es una respuesta ineficaz. No incide en la conducta criminal, no propicia su corrección. El transcurso del tiempo demostró que el encierro segregaba al condenado desestimando la posibilidad de reinserción social.

“A nadie se le puede enseñar a vivir en sociedad manteniéndole apartado de la misma”, ha repetido Carlos García Valdés, uno de los mentores de la reforma penitenciaria española. La realidad carcelaria dominicana es harto conocida. Citar sus males resulta aburrido. Nada nuevo puede decirse. Desde el año 1984 se intenta ejecutar lo previsto en la ley 224 sobre Régimen Penitenciario y los esfuerzos son encomiables. Pero estamos en la prehistoria de la reforma. Aspectos fundamentales de la comisión de la infracción quedan sin evaluación ni registro. Los especialistas aún no se han propuesto la valoración del efecto de las condenas, la comprobación de adaptación social de la persona infractora.

La opinión pública se entera a través de reportes periodísticos de los hechos cometidos por los reincidentes pero no más. Aunque es excepcional el cumplimiento de condenas largas en la República Dominicana, es imposible un diagnóstico del sentenciado. Se presume que homicidas y asesinos retornan a su barrio, el ladrón a su guarida, el traficante a su esquina, el violador a su casa. Siempre conservando el rasgo de la marginalidad. Los otros no se exponen al tribunal ni prueban el condumio de prisión.

Durante el primer cuatrimestre del año la Oficina Nacional de Estadísticas reportó 711 muertes violentas. 82 por intercambios de disparos y 629 por homicidio. Las muertes violentas aumentaron 102.4% en un período de seis años.

¿Dónde están los responsables? ¿Cumplieron condena?

¿Modificaron su conducta? ¿Se integraron a la vida productiva?

La población carcelaria dominicana es mínima. No es proporcional al reporte policial ni a las denuncias de los afectados. En el año 1998 no alcanzaba el 1% en relación con la cantidad de habitantes. El dato no ha cambiado. Se mantiene además el tipo de infracción cometida. Robo -23%-, asociación de malhechores -24%-, homicidio -15%-, alguna sutileza estadística descarta de la clasificación el asesinato. Tal vez los formularios de medición incluyen, bajo el epígrafe de homicidio agravado, el cometido con premeditación y acechanza. Tráfico y distribución de drogas -12%-, violación -6%- porte y tenencia de armas 4%.

Los números indican que sólo un porcentaje exiguo de las personas que cometen infracciones es objeto del proceso penal o cumple sentencia condenatoria. ¿Cuántos reincidentes son responsables de las continuas violaciones a la ley penal? ¿Cuántos son repudiados por la comisión de los crímenes y delitos aunque no cumplan la condigna sanción o escapen del escrutinio judicial y del ministerio público? ¿Cuál infracción considera el colectivo más abominable, si es que se plantea esa reflexión?

Hay una confusión entre caridad e indiferencia, entre repulsión innominada y aceptación del delincuente con rostro. Por eso es infructuoso sólo gritar contra la inseguridad pública sin asumir la actitud apropiada frente a los perpetradores de la infracción. Están en todas partes. El ladrón no sólo es el ratero de motocicleta, la asociación de malhechores no sólo es la pandilla del callejón. La persona asesina no es un ser deforme que actúa en la oscuridad. Tampoco un orate o un negro descalzo y cretino, la coca y el crack no están sólo en los zaguanes y callejones.

La sociedad ha sido indiferente. Clamando perdón y borrones se ha construido lo que tenemos, sin reparar en la composición y destino de la población carcelaria. Conforme con los números, convivimos con los responsables del horror. La cruzada debe comenzar aceptando la complicidad colectiva que permite la aprobación del crimen y el delito cuando los autores no responden a la categoría social que ocupa el tiempo de las autoridades y se asfixia, se calcina, se pervierte o muere, en las penitenciarias.