Heriberto Morrison 
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La reciente detención policial de Carlos Arthur Nuzman, presidente del Comité Olímpico de Brasil, por su presunta participación en la compra de votos para favorecer a Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos de 2016, se suma a un historial de escándalos que en los últimos tiempos ha salpicado al más influyente organismo deportivo universal (COI), cuyos exorbitantes ingresos parecen haber desatado una irrefrenable carrera signada por la ambición y la corrupción.
Según investigación de la fiscalía brasileña, se trata de un esquema internacional altamente sofisticado, que se desenvolvía a través de Nuzman como punto central. El caso es señalado como una ramificación de la mega operación Lava Jato. En el grupo se involucra a empresarios y representantes del COI.
Entre los implicados se cita al exgobernador de Río, Sergio Cabral (2007-2014) y al empresario Arthur Soares, a quienes se les sindica como responsables de comprar el voto para que esa ciudad fuera la sede por un supuesto pago de US$ 2 millones en sobornos al senegalés Papa Massata Diack, hijo del antiguo presidente de la Federación Internacional de Atletismo.
En el esquema de corrupción, también se señalan componendas en la construcción de una docena de estadios para el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, todas obras públicas.
¿Qué dice al respecto el COI, dominado principalmente por la Presidencia y la Comisión Ejecutiva?
Desde que se hizo pública la denuncia, en Lausana, Suiza, sede permanente del COI, se dijo a través de un portavoz que ese organismo estaba haciendo todos los esfuerzos por tener toda la información en dirección de los más altos intereses para clarificar la cuestión.
La primera prueba engorrosa que tuvo el actual presidente del COI, el alemán Thomas Bach, ocurrió faltando apenas doce días para la inauguración de Río 2016, cuando la Agencia Mundial Antidopaje, el Tribunal de Arbitraje Deportivo y la Federación Internacional de Atletismo, recomendaron la exclusión de toda la delegación rusa en un escandaloso caso de dopaje que dejaba entrever la implicación del gobierno del presidente Vladimir Putin.
Bach, en una sorpresiva medida de poder, rechazó la expulsión total y explicó que se tuvo que llegar a un equilibrio entre la responsabilidad colectiva y la justicia individual. Se decidió que solo serían excluidos los atletas que hubiesen sido sancionados por dopaje, y que sólo los atletas que se hubiesen mantenido limpios, se les aceptaría en la competición. De una delegación de más de cuatrocientos atletas, fueron cortados alrededor de un centenar. Analistas independientes sostuvieron en la ocasión, que la decisión salomónica de Bach estuvo influenciada por el gran peso del Estado ruso, una de las potencias históricas del deporte global y sede del Mundial de Fútbol del 2018.
El COI cuenta con una comisión de ética, cuya función teórico-conceptual, no tanto así en el orden práctico, tiene a su cargo definir y actualizar un marco de principios que incluyen un código basado en los valores establecidos en la Carta Olímpica.
Entre los testimonios más ilustrativos sobre irregularidades y tráfico de influencias, está el best-seller “Los señores de los anillos”, escrito por los periodistas británicos Andrew Jennings y Vyv Simson. Las denuncias del libro quedaron confirmadas en el 2002, al revelarse hechos de corrupción para la designación como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City. Como resultado de la investigación diez miembros del COI fueron expulsados y otros diez sancionados.
Un caso típico de malas artes ocurrió en el 2006, contenido en un informe del gobernador de Nagano, que dice se aportaron unos 14 millones de dólares en un nivel ilegítimo y excesivo de hospitalidad a miembros del COI. Si bien hay que reconocer que el magno organismo ha adoptado medidas para contener las acciones turbias, las tentaciones del lucrativo negocio-deporte han sido difíciles de erradicar, y un ejemplo es la actual investigación que se lleva a cabo sobre lo ocurrido en Río 2016.
