El 26 de septiembre último, el Tribunal Constitucional Dominicano dictó una sentencia en la que precisó que a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en RD a partir de 1929 en condición de tránsito, no les corresponde la nacionalidad dominicana, una sentencia obviamente tardía, que debió precisarse al nacer como país libre y soberano, el 27-02-1844, y que debió consignarse en la primera Constitución del 06-11-1884.
La llamada Constitución de San Cristóbal de la fecha citada, precisa que “son dominicanos todos los individuos que al momento de la publicación de la presente Constitución, gocen de esta cualidad”, entendiéndose que ningún extranjero, mucho menos haitiano, lo era, y aclaraba la condición de dominicano a españoles dominicanos y sus descendientes y los oriundos de la parte española nacidos en países extranjeros, definición imprecisa, porque si son países es obvio que no son nativos.
Todas las 56 constituciones modificadas pret a poter con las honrosas de 1957 (Moca) y 1963 (Presidente Juan Bosch), son inequívocas al reiterar los requisitos del jus solis y jus sanguinis para optar y categorizar la ciudadanía dominicana.
“Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos de los extranjeros residentes en representación diplomático o los que estén de tránsito en él”, reiteran todas.
Es un precepto que no ha variado nunca, que ha sido concordante, preciso, indivisible, como han aspirado siempre nuestros tormentosos vecinos que se constituya la isla Española, que casi lo están consiguiendo con el permisivismo antinacional de invasión pacífica de más de un millón de haitianos ilegales, tolerados por gobernantes post Joaquín Balaguer, y que ahora, por fin, se diseña un propósito de rescate de la chamuscada “soberanía nacional”.
Loor al Tribunal Constitucional que ha reivindicado la soberanía y el permisivismo apátrida de gobernantes.