POR U. GUZMAN MOLINA
El número de jueces de la Junta Central Electoral (JCE) debería ser reducido, plantearon ayer Elena Viyella, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); Georges Santoni, presidente del consejo de directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja.

Santoni y Cabreja participaron en la Mesa Redonda sobre Transparencia y Gobernabilidad, organizada por Finjus, mientras Viyella hizo el comentario al final del panel sobre el balance a las pasadas elecciones congresionales y municipales.

Viyella consideró que el órgano electoral es excesivamente amplio y se debería buscar a personas más idóneas y con mejor perfil.

Cabreja, de Partipación Ciudadana, favoreció una reforma profunda de la estructura orgánica de la JCE, porque no puede seguir funcionando un organismo con tres instancias que, a su vez, son interdependientes.

Expresó que esa situación genera una confusión terrible de roles, pues cada presidente, sea del pleno de la JCE, de la Cámara Contenciosa y de la Cámara Administrativa, se siente con la suficiente autoridad para tomar las principales decisiones en el organismo electoral.

Santoni, de FINJUS, dijo que debe comenzarse a discutir la modificación de la Ley Electoral para cambiar la composición de la JCE.

Considera que el tribunal de elecciones puede desempeñarse perfectamente con cinco magistrados, como en 1996 o antes.

Los jueces de la JCE son nueve: Luis Arias, presidente del pleno; Nelson Gómez, presidente de la Cámara Administrativa; Salvador Ramos, presidente de la Cámara Contenciosa. Los demás magistrados son Rafaelina Peralta y Rafael Díaz Vásquez, de la Cámara Administrativa; Ramón Hernández, José Luis Tavárez, Roberto Rosario y Luis Nelson Pantaleón, de la Cámara Contenciosa.

Con el tema «Evaluación de la transparencia electoral de medio término 2006», el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños, pronunció las palabras introductorias y fue seguido por el doctor Mariano Rodríguez, presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional.

Según Rodríguez, el gran problema del Distrito Nacional fue que las actas llegaron descuadradas. Los delegados de los partidos tuvieron la misma deficiencia, pues al final de las votaciones deben chequear el escrutinio.

Consideró que influye en el reclutamiento el interés que tengan los jueces de la JCE, pues está constituida por miembros y unos son más imparciales que otros.

Señaló que los cursillos de adiestramiento comenzaron un poco tarde y se preparó un examen de selección múltiple y un otro puramente académico, pero la mayoría reprobó el examen.

Explicó que los delegados de los partidos y el personal que trabajó en los colegios electorales carecieron del conocimiento para sacar las actas con la mayor calidad.

Por otro lado, George Santoni dijo que se tuvo serios problemas con el llenado de las actas electorales. Indicó que sólo en el Distrito 1,500 colegios electorales tenían problemas de actas descuadradas.

Sugirió que se debe mejorar la organización de las elecciones, ya que la ciudadanía se preocupó por la posible parcialidad de los jueces de la JCE y la influencia política.

A su juicio, hay que invertir más y con mayor tiempo en la capacitación del personal que laborará en las elecciones. Cree se debe archivar la aplicación el voto electrónico en el país.

Favoreció la unificación de las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales, debido no sólo al costo directo de la campaña electoral, sino por la cuasi-paralización de las oficinas públicas.

José Ramón Vega, director del consejo de directores de Finjus, sugirió que las universidades se involucren tanto en el reclutamiento como en la capacitación del personal que trabajará en los comicios.

En tanto, Cabreja dijo que la JCE comenzó a trabajar tardíamente en el proceso organizativo de los comicios, sobre todo en el reclutamiento y capacitación del personal que laboraría en los colegios electorales. Indicó que la campaña de motivación al voto y de capacitación para votar fue mucho menos prolongada que en otras jornadas, a pesar de la complejidad del proceso.

Un elemento muy negativo detectado durante la organización del proceso, dijo, fue el caso de los miles de electores «movilizados» hacia pequeñas provincias del país, con el fin de influir de manera ilegítima en la elección de las autoridades y representantes de estas demarcaciones.

Señaló que existen serias dudas de que las autoridades de Pedernales hayan sido escogidas por los electores de esa provincia.

Señaló que más de cincuenta por ciento de las actas electorales fueron llenadas con diversos errores y descuadres, lo cual provocó un retraso en el cómputo electoral y la transmisión de datos en las juntas electorales.