Quiere tribunales libres de influencias

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POR DIEGO PESQUEIRA
La directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), Elena Brineman, afirmó que su principal objetivo es lograr que las decisiones judiciales en los tribunales del país sean claras y fundamentadas en criterios legales, sin la influencia de los sectores políticos y económicos.

La funcionaria norteamericana estimó que hay consecuencias negativas cuando hay un miembro del sistema de justicia que no juega su rol de manera correcta.

“Queremos motivación de las decisiones judiciales clara y basada exclusivamente en criterios legales, no políticos ni económicos”, precisó la ejecutiva de la USAID.

Brineman, entrevistada por este diario, dijo que todos sus esfuerzos están destinados a lograr un sistema de justicia criminal más eficiente, que los pobres y ciudadanos vulnerables tengan mayor acceso al sistema de justicia y que haya una justicia más transparente.

Dijo, empero, estar satisfecha de los avances alcanzados en el sector justicia desde el año 1997 hasta la fecha.

Explicó que cuando se refiere a una justicia más transparente lo que busca es lograr un sistema en que las informaciones de cada uno de los casos judiciales puedan ser obtenidas por todos los ciudadanos.

Brineman dijo que en la actualidad se trabaja de manera ardua en la implementación del nuevo Código Procesal Penal, mediante la capacitación de jueces, fiscales y policías.

OBSERVA AVANCES

A juicio de la directora del programa USAID se ha registrado un gran avances en el sistema judicial desde el 1997 hasta la fecha.

“Nosotros hemos visto muchos avances durante los últimos años, especialmente en la parte judicial”, apuntó.

En cuanto al Ministerio Público y los fiscales, afirmó que en principio registró ciertos avances, pero que sufrió retrasos durante los últimos años.

“La Fiscalía no ha avanzado. Estaba avanzando y entonces retrasó un poco durante los últimos años, pero yo creo que ya está marchando hacia adelante nueva vez”, indicó.

Brineman dijo estar agradecida y alegre de ver los esfuerzos de las actuales autoridades gubernamentales en mejorar y capacitar los fiscales.

DEFENSA PÚBLICA

Se quejó de que el sistema de defensoría pública haya sido abandonado en la pasada administración.

“Trabajamos con el Comisionado en el pasado gobierno en el desarrollo de un sistema de defensoría pública, pero no progresó porque en el 2002 la administración decidió quitar el presupuesto para el programa”, señaló.

Manifestó que es ante esta situación que la Suprema Corte de Justicia tomó la decisión de responsabilizarse de la defensa pública, conociendo la próxima entrada de la reforma procesal.

Brineman sostuvo que todos los casos con el nuevo sistema requieren de un defensor público.

“Entonces si no hay un defensor privado el prevenido debe tener un defensor público. Si no existieran defensores públicos el nuevo sistema procesal no tendría éxito”, apuntó.

Agregó que la USAID apoya este sistema de defensoría pública y que está orgullosa de ver el trabajo que se ha realizado durante los últimos dos años.

Entiende que todos los defensores han sido bien seleccionados y entrenados, basados en criterios profesionales y exigentes, por lo que están funcionado bien.

NUEVO CÓDIGO

Con relación a la implementación del nuevo Código Procesal Penal, Brineman afirmó que la República Dominicana ha tenido una experiencia exitosa en esta materia.

Recordó que la implementación de un código similar ha sido apoyado en otras países, donde afirmó, se han registrado mayores inconvenientes que en el país.

“Estoy sorprendida al ver el éxito del principio de la implementación del nuevo Código, el cual pienso que ha sido muy exitoso”, acotó.

A su juicio el liderazgo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, ha sido vital para la implementación de la reforma procesal.

Brineman entiende que las medidas anticipadas, dictadas por la Suprema, fueron de gran ayuda para el éxito en la implementación del nuevo Código. Empero, admitió que aunque se marcha bien, todavía falta un largo camino por recorrer.

RETO

Afirmó que el reto más grande para el éxito del nuevo sistema recae en los fiscales, por lo que se requiere un mayor esfuerzo en su capacitación.

Dijo que las acciones de los fiscales cambian más dramáticamente un proceso que cualquier otro de los actores del sistema.

“Entonces la preparación de los fiscales durante el 2002 y 2004 no fue exitosa, pero el nuevo procurador general Francisco Domínguez Brito, ha tomado la capacitación como un compromiso muy serio”, apuntó.

ACCIONES Y PROYECTOS

Brineman explicó que la USAID realiza trabajos en el Poder Judicial para la creación de un “Diseño del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal” a ser puesto en marcha en tres Distrito Judiciales a ser definidos, en la capacitación a jueces en el Código Procesal Penal, en el diseño del Modelo de Resolución Alternativa de Conflictos conjuntamente con otros actores del sector justicia e implementación de un piloto a ser definido y en la capacitación especializada en lavado de activos y casos complejos.

MINISTERIO PÚBLICO

Capacitación de fiscales para fortalecer las habilidades y destrezas para preparar debidamente la acusación en la etapa del juicio y clínicas de litigación, diseño de fiscalía modelo en La Vega, Baní y La Romana, fortalecimiento institucional de la Escuela del Ministerio Público, apoyo a la unidad de implementación del Código Procesal Penal y a la selección de 75 nuevos fiscalizadores, que entrarán a la carrera del Ministerio Público.

COMISIONADO DE JUSTICIA

Asistencia técnica para el desarrollo de una política criminal del Estado y apoyo a la ejecución de los círculos de innovación, como foros de coordinación en la aplicación del Código y de los problemas cotidianos.

DEFENSA PUBLICA

Selección y capacitación de 15 nuevos defensores. La USAID ya ha capacitado 36 defensores y apoyo a la planificación estratégica e implementación de la Ley Nacional de Defensa Pública.

SOCIEDAD CIVIL

Apoyo a la difusión de la Reforma Procesal Penal, programas de educación legal popular, monitoreo de la gestión de los actores institucionales del sector justicia y apoyo a la demanda por una justicia independiente y eficiente.

USAID

La USAID se estableció como una agencia oficial del Gobierno de los Estados Unidos cuando el presidente John F. Kennedy firmó la ley de Asistencia Extranjera el 4 de septiembre del 1961 en la ciudad de Washington, D.C. Con este evento, se inició una nueva era en los programas de asistencia extranjera del Gobierno de los Estados Unidos. El objetivo principal de la USAID es el de administrar programas de ayuda económica que logren mejorar la calidad de vida de las personas en los países en vías de desarrollo. La USAID trabaja para ayudar a los países en desarrollo a alcanzar su potencial completamente a través de la promoción del desarrollo de sociedades abiertas y democráticas y el dinamismo del libre comercio y de actividades que apoyen el progreso social.

Los programas están localizados en los países donde la asistencia es más necesaria, donde existe un compromiso claro de crecimiento amplio, democrático y un marcado interés en un desarrollo sostenido.

El 11 de enero del año 1962, el Secretario de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Alvarez Aybar, conjuntamente con el entonces Embajador norteamericano, John Calvin Hill, firmaron el Convenio General para la Ayuda Económica y Técnica y Propósitos Afines que sirvió como base para que se iniciara la asistencia extranjera de los Estados Unidos en la República Dominicana.