Organizaciones de los sectores La Ciénaga y Los Guandules marcharon ayer al Palacio Nacional para reclamar a la Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entornos (Urbe) que cumpla con los requisitos de derecho internacional sobre la garantía del derecho a la vivienda en el proyecto Nuevo Domingo Savio.

Se quejan de que las informaciones del proyecto no son socializadas con quienes serían beneficiarios o afectados y que la Urbe está cerrada al diálogo, generando incertidumbre, rumores infundados, desinformación y miedo en los sectores afectados.
Susana Consuegra, del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba), dijo que tampoco permiten a las familias entrar con un abogado o recibir una copia del contrato que deben firmar, todo se realiza en las cuatro paredes de sus oficinas sin ninguna asesoría legal.
“En el caso de Los Guandules, las familias desalojadas no tienen garantizada una seguridad jurídica de la tenencia por lo que son susceptibles a ser desalojados, es decir, están comprando sin título de propiedad ya que los montos ofrecidos no alcanzan para acceder a una propiedad inmobiliaria titulada”, explicó.

Mientras que los moradores de los sectores La Ciénaga y Los Guandules pidieron un trato digno como sujetos de derecho y que se les deje tildar como “invasores” y se les garantice el acceso a la vivienda.

La marcha fue convocada por La Unión de Junta de Vecinos de La Ciénaga, las iglesias evangélicas y católica de ambos barrios y la Asociación de Comerciantes de La Ciénaga.